Coronavirus Cádiz

Csif exige pruebas de detección para 200 funcionarios de Justicia

  • El sindicato advierte que si esta petición no es atendida, estudiará la posibilidad de emprender acciones civiles y penales

Una sede judicial de Cádiz.

Una sede judicial de Cádiz. / D.C.

El sector de Administración de Justicia de CSIF Cádiz reclama que se realicen pruebas diagnósticas PCR a los más de 200 funcionarios que se están incorporando desde ayer y hasta el próximo lunes a sus puestos en las sedes judiciales de la provincia y que se sumarán a los que prestaban servicios esenciales desde que se decretó el estado de alarma. El objetivo de la realización de estas pruebas es detectar posibles personas que sean portadoras del SARS-CoV-2 COVID-19 y proteger así la salud, tanto del personal de Justicia que paulatinamente se está incorporando, como de las personas usuarias.

Así lo ha exigido el sector de Justicia de CSIF Andalucía en un escrito dirigido a la Administración ante el inicio de la incorporación presencial de empleados de este ámbito en Andalucía. La central sindical entiende que es esencial la realización de dichas pruebas y avisa de que si dicha petición no es atendida, se reserva el derecho de emprender las acciones, tanto civiles como penales, que puedan corresponder.

Por el momento, la incorporación de funcionarios de Justicia, se está produciendo con normalidad, salvo alguna incidencia relacionada con falta de coordinación en la entrega de material de protección. No obstante, en general se dispone del material necesario, como mascarillas, geles y guantes, así como mamparas que ya habían sido colocadas. 

No obstante, desde CSIF se va a permanecer vigilante ante cualquier carencia de material o de incumplimiento del protocolo establecido, de manera que se preserven las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores. CSIF está realizando un exhaustivo trabajo de campo, comprobando que no falte ninguno de los elementos de protección individual ni colectivos necesarios en los órganos judiciales.

Asimismo, CSIF ha exigido a la Administración que se informe al comité de seguridad y salud provincial de la planificación y periodicidad con la que se van a distribuir los medios de protección con el que se debe proveer a todo el personal que presta sus servicios en los órganos judiciales.

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