Provincia de Cádiz

El Consorcio dice que el futuro de Las Aletas pasa por preservar y proteger el dominio público marítimo terrestre

  • Juana Lázaro afirmó hoy que lo dictado por el Tribunal Supremo "exige concretar y justificar más los elementos sobre los que se ha articulado el proyecto"

La presidenta del Consorcio de Las Aletas, Juana Lázaro, afirmó hoy, tras la celebración de un Consejo Rector extraordinario, que el proyecto de desarrollo diseñado «no fue una decisión caprichosa» y señaló que cualquier alternativa de futuro para el parque pasará por preservar y proteger el dominio público marítimo terrestre como valor prevalente.

En rueda de prensa, Lázaro añadió en este sentido que la reserva demanial es el instrumento jurídico adecuado para garantizar su utilidad, lo cual no es cuestionado en la resolución del Tribunal Supremo que anula el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se reservaban 287 hectáreas de las marismas para la construcción del polígono.

Asimismo, afirmó que. tras la sentencia del Supremo, el Consorcio se encuentra ahora en una fase de análisis jurídico de lo dictado por el alto Tribunal, que «exige concretar y justificar más los elementos sobre los que se ha articulado el proyecto».

Lázaro señaló que es «imprescindible» disponer de un diagnóstico legal lo más preciso posible sobre el alcance real del fallo y sobre los instrumentos jurídicos y técnicos que deben adoptarse para subsanar los problemas que ha puesto de manifiesto el Supremo.

Además, quiso dejar claro que el fallo del Tribunal Supremo «no anula el proyecto diseñado, sino que anula la declaración de la zona de reserva demanial», así como que la sentencia «confirma esa iniciativa de estímulo y fomento económico impulsada por el Gobierno y la Junta, no es ajena a las competencias de la Administración del Estado, sino que exige acotar más algunos extremos».

Lázaro subrayó también que el proyecto «garantiza la restauración y puesta en valor de los elementos medioambientales más relevantes del área, ahora degradados por años de abandono, asegurando la adecuada conservación y protección del dominio público marítimo terrestre».

Por todo ello, Lázaro aseveró que el proyecto «no fue una decisión caprichosa», sino que «está fundamentado sobre bases sólidas desde las perspectivas jurídica, económica y medioambiental.

En cuanto al tiempo en el que se pudiera retrasar el proyecto, cuyas obras ya comenzaron y fueron paralizadas el pasado viernes tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo, la presidenta del Consorcio no quiso pronunciarse dando fechas concretas, ya que se refirió al análisis jurídico que se está haciendo, por lo que no se empezará un nuevo proceso hasta que esté terminado.

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