El inicio de los trabajos para eliminar parte de los techos del colegio Reggio en Puerto Real no ha servido para calmar los ánimos en la comunidad educativa. Las obras, tal y como se comprometió la Consejería de Educación, consisten únicamente en la retirada del fibrocemento del cuarto de aperos y de un porche del patio. El resto, el del edificio principal y el salón de actos, se mantendrán y podrán ser incluidos dentro del programa para la retirada del amianto en los centros educativos que se ejecutará entre 2016 y 2022.

Esto no contenta a los padres y madres de alumnos que a través de la MAPA siguen reclamando que se eliminen todos los techos. La petición de los familiares de los alumnos cobra más fuerza después de que un informe pericial de una empresa especializada, encargado por los propios padres, determinase que la vida útil de las cubiertas de fibrocemento ya ha finalizado y deben desmontarse cumpliendo la normativa.

El informe también deja claro los riesgos a los que serán sometidas las personas que sigan asistiendo al colegio, por lo que los padres también han advertido que iniciarán acciones judiciales contra la Junta de Andalucía y contra el propio Ayuntamiento si estos riesgos no se suprimen.

En cualquier caso, más de 200 padres de alumnos ya han firmado un documento en el que aseguran que si cuando arranque el curso no se ha eliminado la totalidad de los techos no llevarán a sus hijos al centro educativo. En ese caso, exigirán que sean recolocados en otros centros y que se abra un período de matriculación extraordinario para que los padres que lo deseen puedan cambiar a sus hijos de colegio.

Ante esto, el alcalde de Puerto real, Antonio Romero, ha lanzado una propuesta partiendo de la base de que "la retirada de los techos no es competencia municipal". El primer edil baraja, entre otras posibilidades, "que el Ayuntamiento asumiera las obras y luego las pague la Junta". No obstante, de entrada, ya dice que este procedimiento entrañaría "numerosas dificultades administrativas".

Para que el Ayuntamiento asuma las obras se tienen que dar determinadas circunstancias que el alcalde cree al menos "poco probables": la primera, que se contraste mediante otro informe realizado por empresa externa experta las conclusiones a las que ha llegado la empresa contratada por los padres, junto con un informe municipal que lo suscriba; la segunda, que exista una comunicación urgente con la Delegación de Educación para que se comprometa a atender esa responsabilidad en el futuro, y una vez se cumplan estas condiciones y con el compromiso establecido, se intentaría sacar un proceso de licitación pública, siempre que ésta tuviera un coste máximo de 60.000 euros.