La alcaldesa de San Fernando, la socialista Patricia Cavada, rompió ayer su silencio con respecto al tema que desde el pasado viernes sacude al Ayuntamiento isleño tras conocerse que la concejala de Inclusión y Políticas Sociales, Ana Lorenzo, animó a una familia a punto de ser desahuciada a okupar ilegalmente una vivienda propiedad de una entidad bancaria, cuyos datos llegó incluso a facilitar.

La regidora isleña -y el gobierno municipal en estos últimos días- han querido dejar claro que están muy lejos de compartir estas peculiares recomendaciones que en su momento se hicieron desde Servicios Sociales y que fueron grabadas y posteriormente difundidas por la familia afectada por el desahucio. Eso sí, en el ejecutivo municipal admiten las explicaciones dadas por la edil responsable de este área, que desde el primer momento ha reconocido que fue un lamentable error por el que ha pedido disculpas y que asegura que solo ocurrió una única vez, que no se trata de una práctica habitual en el Ayuntamiento isleño. Lorenzo, al dar explicaciones, sostiene que se dejó llevar por el "corazón" ante una situación extrema, un drama social que afecta a tres menores que iban a verse en la calle.

Los hechos, que el PP ha anunciado que denunciará a la Fiscalía por su extrema gravedad al incitarse desde el gobierno municipal a cometer una ilegalidad y al vulnerar claramente la Ley de Protección de Datos, no desencadenarán por el momento ni la dimisión ni el cese de esta edil isleña. El gobierno municipal se mantiene firme al respecto, aguanta el chaparrón y reitera el mismo mensaje: que fue un error por el que ya se ha pedido disculpas pero que por ahora no acarreará mayores consecuencias en el Ayuntamiento.

Y en esa misma línea fueron las declaraciones que ayer hizo Patricia Cavada. La regidora isleña, al comparecer ante los medios de comunicación para dar cuenta de una reunión mantenida esta misma mañana con la Junta de Andalucía para tratar otros temas, fue preguntada directamente por esta comprometida situación, lo que forzó unas declaraciones que ha esquivado durante cinco días. Su respuesta fue breve -no quiso ahondar en la cuestión- pero tajante: "La concejala (Ana Lorenzo) ha hecho dos manifestaciones, una errónea y otra en la que reconoce su error y se retracta. Yo me quedó con la segunda de estas declaraciones, con la rectificación que ha hecho en la que manifiesta el error que ha cometido y que se ha equivocado", afirmó.

A eso, matizó, se va a limitar en todo este espinoso asunto que lleva casi una semana acaparando titulares, si bien recordó que tanto la propia concejala de Inclusión y Políticas Sociales como el portavoz del gobierno municipal -Conrado Rodríguez- se han manifestado acerca de este tema y han dado las oportunas explicaciones desde el primer momento. Cavada, sin querer entrar en detalles, aludió también en sus declaraciones a la grabación "desleal" que se filtró a los medios de comunicación en la que se dio cuenta del contenido de "una reunión privada" mantenida en Servicios Sociales sin que la edil responsable de este área municipal tuviera constancia de ello.