Carlos Carretero, condenado a cuatro años de prisión tras el juicio de la Operación Karlos, le ha pedido a la Audiencia Provincial de Cádiz que le permita seguir en libertad hasta saber qué responde el Tribunal Supremo a lo recursos presentados contra la sentencia dictada en la capital gaditana. Carretero aceptó la condena (pactada con la Fiscalía) y la Audiencia le reclamó el mes pasado que ingresase en prisión para cumplirla. Pero el expolicía ha propuesto al tribunal que lo condenó un aplazamiento. Argumenta que cabe la posibilidad de que el Supremo revoque la resolución de la Audiencia, que anule las escuchas telefónicas y absuelva a quienes no pactaron, por ejemplo, y que entonces eso le abra a él una puerta para eludir la entrada en prisión.

Carretero no recurrió su condena ante el Supremo porque se conformó con ella, se declaró culpable de haber organizado la estafa a la Seguridad Social con la obtención de pensiones de incapacidad laboral destinadas a personas que pagaban por ello distintas cantidades de dinero.

Sí recurrieron el inspector médico Francisco Casto Pérez Lara y María José Campanario, esposa del torero Jesulín de Ubrique, y la madre de ésta. Los tres procesados se declararon inocentes en el juicio celebrado en Cádiz el año pasado.

Las abogados defensores de Casto y de Campanario combatieron especialmente en el juicio las escuchas telefónicas realizadas durante la investigación. Plantearon que deben ser anuladas porque hubo distintas irregularidades. La Audiencia las consideró válidas.

La causa se encuentra ahora en el Tribunal Supremo y falta saber qué opina sobre unas escuchas tan cuestionadas. Carretero se agarra a ese clavo al solicitar a la Audiencia que le permita continuar en libertad en espera de lo que decida el Supremo.

La absolución de Casto, de Campanario y de Remedios Torres podría beneficiarle a él para pedir, y en su caso obtener, un indulto parcial con el argumento de que habría sido víctima de una discriminación procesal: él a prisión por haber admitido que montó la trama de obtención de pensiones de incapacidad y Casto, en la calle y absuelto gracias a la nulidad de las escuchas telefónicas.

No sólo Carretero pactó su condena. Hay un grupo de procesados que también optó por el acuerdo con la Fiscalía y con la Junta de Andalucía y el Instituto nacional de la Seguridad Social (INSS), que se personaron como acusaciones en la causa. Entre ellos se encuentra la pareja de Carretero, Elisa Calvente. Todos, salvo Carretero, aceptaron condenas que no superan los dos años de cárcel y por eso han solicitado al tribunal la suspensión condicional de condena, lo que les permitirá eludir la entrada en prisión.

La sentencia de la Audiencia condenó a Casto a 9 años y medio de prisión porque consideró probado que, junto con Carretero, estaba al frente de la trama montada para obtener pensiones de incapacidad. El tribunal condenó a Campanario y a su madre a un año y 11 meses de prisión. Estimó probado que Campanario, cliente de la trama, intentó lograr una pensión de incapacidad para su madre a sabiendas de que no tenía derecho alguno a optar a ella.