El Tribunal Supremo ha desestimado los recursos presentados por el inspector médico Francisco Casto Pérez Lara y por María José Campanario y la madre de ésta contra la sentencia sobre la Operación Karlos dictada el año pasado por la Audiencia Provincial de Cádiz. La resolución condenó a Casto Pérez a 9 años de prisión por estafa, cohecho y otros delitos. El tribunal impuso a Campanario y a su madre un año y 11 meses de cárcel. El Supremo ratifica ahora esas penas y la sentencia con la que se conformaron otros procesados, entre ellos el expolicía Carlos Carretero.

La Audiencia vio probado que Casto y Carretero montaron una trama para obtener de modo fraudulento pensiones de incapacidad laboral destinadas a personas que pagaban por ello distintas cantidades de dinero. La sentencia considera que, como cliente de la trama, Campanario trató de lograr una pensión de incapacidad para su madre a sabiendas de que no tenía derecho alguno a optar a ella.

Carretero se encuentra en prisión cumpliendo una pena de cuatro años. Él y otros 14 procesados admitieron su culpabilidad y pactaron su condena con el fiscal. Pero no fue ése el camino elegido por Casto, Campanario y la madre de ésta, Remedios Torres. Estos tres procesados presentaron recursos contra la sentencia ante el Tribunal Supremo, que ahora ha confirmado la resolución.

La decisión del Supremo supone, en principio, que el inspector médico tendrá que ingresar en prisión. Ya estuvo allí unos cuatro meses, antes del juicio, tras ser detenido en 2006 durante la Operación Karlos. Campanario y su madre tienen opción a solicitar la suspensión de condena y eludir la cárcel, ya que la pena no supera los dos años de prisión y carecen de antecedentes penales. Es previsible que pidan ese beneficio, que la Audiencia se lo conceda y que no tengan que ir a prisión.

La sentencia ratificada, de la Sección Tercera de la Audiencia y cuyo ponente es el magistrado Miguel Ángel Ruiz Lazaga, ve probado que Casto, inspector de la Unidad de Valoración Médica de Incapacidades de la Junta de Andalucía, se puso de acuerdo con Carlos Carretero para conseguirles pensiones de incapacidad a quienes pagaban por ello. Que Carretero se encargaba de contactar con personas a las que proponía la obtención segura de una pensión. Y que Casto emitía informes en los que falseaba la situación real de los interesados y exageraba el diagnóstico o se basaba en informes médicos que sabía falsos. Casto negó rotundamente que recibiese dinero de Carretero. La sentencia afirma en cambio que quedó "plenamente acreditado" que Carretero compensaba lucrativamente al inspector médico de diversas maneras.