La fiscal jefe de Cádiz, Ángeles Ayuso, acaba de solicitar al titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de los de El Puerto, Miguel Ángel López Marchena, que amplíe el radio de acción para incluir en la instrucción en curso todas las agresiones sexuales cometidas en la Bahía de Cádiz entre 1995 y el año 2000.

Ayuso pretende, según ha explicado ella misma a este periódico, ahondar en las pesquisas policiales que apuntaban a los dos jerezanos, Fernando Plaza y Juan Baños, como los únicos coautores de todas estas agresiones sexuales.

En la actualidad, los dos están únicamente procesados por la violación que fue atribuida por error al portuense Rafael Ricardi, que ha estado por ello cerca de 13 años en prisión.

Fue el pasado mes de junio de este año, cuando ya Ricardi llevaba cerca de un año excarcelado (tras descartar al completo su participación en la violación por la que fue condenado un último informe del Instituto Nacional de Toxicología), cuando Fernando Plaza y Juan Baños fueron procesados por el delito que aún entonces penaba el portuense.

Los dos comparecieron ante el juez, y los dos negaron su autoría. No obstante, las pruebas en su contra son solventes: un informe de Toxicología, el mismo que permitió que Ricardi saliera de la cárcel, en cuyas conclusiones se recoge que se ha hallado ADN de Plaza y Baños en restos que quedaron en la vagina y en la ropa de la víctima.

La coincidencia en el caso de Fernando es total: de modo textual, en el informe se dice que "la coincidencia sería unos 15 trillones de veces más probable si los restos de semen procedieran de Fernando Plaza que si procedieran de un individuo al azar". En el caso de Baños, se habla de que sólo habría 3.561 individuos en todo el mundo con su mismo "haplotipo".

Hasta ahora, gracias al ADN, a Fernando se le había podido involucrar en cuatro de las diez violaciones: además de la atribuida a Ricardi, cometida en Valle Alto en agosto de 1995; la primera de la oleada, en la playa de La Calita, en julio de ese 1995, y otras dos, perpetradas en el 97 y en el 99, en El Ancla y Las Redes, todas ellas en El Puerto de Santa María. A Juan, también por el ADN, se le imputaba una violación en Puerto Real, en el 98. Y tras el mencionado informe, también por la que se condenó a Ricardi.

En este pasado junio, el juez de El Puerto ratificó la prisión para ambos, pero sólo por la violación de Valle Alto. A cada uno se le acusa de dos delitos de violación por este caso: el cometido y la cooperación prestada al otro para consumar la agresión.

La fiscal jefe pretende ahora unificar en una sola causa toda la oleada. Y eso es lo que acaba de requerir al juez. El problema estriba en que parece ser que en el Instituto Nacional de Toxicología andan más que sobrecargados de trabajo. En caso contrario, no se explica cómo aún no han remitido los análisis que Ayuso encargó en julio de 2008, sobre las muestras recogidas en todas las violaciones. La fiscal jefe ha venido desde entonces reclamándolos en diversas ocasiones. El pasado abril desde el organismo le dijeron que en una semana los tendrían listos. Han pasado seis meses y siguen brillando por su ausencia.

Lo único bueno de toda esta historia: que desde julio Ricardi es inocente a todos los efectos, al anular al fin el Tribunal Supremo su condena.