La delegación municipal de Infraestructura realizó ayer una intervención de emergencia ante los problemas que están surgiendo en la última semana en el alumbrado público del centro y la periferia, problemas motivados por la falta de mantenimiento, que están dejando a oscuras numerosas calles de la ciudad. Aunque el pasado día 1 la empresa UTE-Jerez decidió dejar el servicio por el continuo impago del Ayuntamiento, no fue hasta ayer cuando la alcaldesa Pilar Sánchez ordenó que Infraestructura "asumiese" de forma inmediata "el mantenimiento del alumbrado con medios municipales, tanto humanos como materiales", según un comunicado del Ayuntamiento. No obstante, el delegado de Infraestructura, Antonio Fernández, matizó que de momento su área lo que hizo durante la tarde de ayer fue poner en las calles, principalmente del centro, un retén de cuatro eléctricistas de la delegación para inspeccionar en un primer momento los cuadros eléctricos que sufren algún tipo de avería y sólo una vez que se valore la envergadura del problema se podrá arreglar o no. En cualquier caso, Fernández adelantó que hoy en día es imposible que la delegación pueda asumir el mantenimiento del alumbrado público de forma permanente tanto por falta de recursos humanos como técnicos. En este sentido, recordó que la empresa UTE-Jerez cuenta con 18 trabajadores repartidos en tres turnos, mientras que en la delegación de Infraestructura hay tres oficiales y tres peones electricistas que sólo trabajan normalmente en las dependencias municipales, con lo que sería imposible que también lo hicieran en el exterior, salvo en un caso de "emergencia" como éste en el que "el Ayuntamiento debe actuar por un tema de seguridad". Por ello insistió en que la labor de este personal municipal va a ser "inspeccionar, evaluar y actuar en la medida que se pueda".

En esta línea, el Ayuntamiento ha exigido a la concesionaria del mantenimiento del alumbrado público que aplique el contrato que aún está vigor "ya que éste no se ha resuelto, por lo que está incumpliendo el mismo desde hace varias semanas". Desde el Ayuntamiento indicaron que no se dan las condiciones legales para que la relación contractual se extinga y recuerda a la empresa que es adjuficataria de un servicio esencial y de primera necesidad para la ciudad y que suspenderlo "unilateralmente causa un perjuicio extremadamente grave a toda la ciudadanía". Además el Ayuntamiento hace constar que la fecha de emisión de la primera certificación para el pago es del 5 de noviembre de 2010, "por lo que no ha transcurrido el plazo de cuatro meses de demora en el pago y tampoco el plazo de un mes de antelación previsto en la Ley de Contratos del Sector Público para proceder a la suspensión del contrato".

Sin embargo, la concesionaria UTE-Jerez no lo entiende así y en su opinión, se dan todas las condiciones para suspender el servicio.