La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, firmó ayer un decreto para interponer un recurso contencioso administrativo ante el TSJA contra la orden de la Consejería de Empleo para el establecimiento de los servicios mínimos durante la huelga convocada por los trabajadores de Urbanos Amarillos. Con esta acción, la alcaldesa apostó por garantizar los intereses de los usuarios del transporte urbano y de los comerciantes, evitando los amplios tiempos de espera detectados desde que el lunes se iniciara la huelga.

El Ayuntamiento no fue el único en pronunciarse tras la primera jornada. La concesionaria del servicio de transporte público volvió a denunciar que "los incumplimientos que puedan existir son producidos por parte del Ayuntamiento con la empresa, concretamente por el impago de 2.090.000 euros, del último contrato de seis meses". La dirección de Urbanos Amarillos reiteró que durante este medio año "ha cumplido el convenio íntegramente, abonando todos los salarios, seguros sociales y modernizando y manteniendo la flota existente".

Estas declaraciones tuvieron pronto respuesta municipal a través del delegado de Recursos, Movilidad y Seguridad, Javier Durá. El edil popular quiso dejar "muy claro" que el Ayuntamiento "contractualmente está obligado a realizar el pago de este canon de forma anual". Por lo cual, al no haberse cumplido un año de contrato, "es totalmente incierto que le debamos esta cantidad a la concesionaria. Este pago, lo volvemos a decir muy claro, no es mensual, sino anual", apuntó Durá. El delegado insistió que es Urbanos Amarillos la que "sí tiene una deuda importante con el Ayuntamiento, de 3.200.000 euros, entre el canon de Cojetusa y la compra de los vehículos".

La plantilla, por su parte, recorrió ayer las calles del centro en la primera manifestación dentro del calendario de movilizaciones. Y sobre la huelga, el comité aseguró que seguirá adelante "por mucho tiempo" mientras la empresa no cumpla con los salarios y el 100% del convenio".

Por su parte, los comercios del centro de Jerez ya han dado la voz de alarma ante la caída de ventas que auguran por la huelga de autobuses. Las asociaciones de comerciantes valoran la situación como "nefasta" y no descartan que las pérdidas lleguen al 60%.