La Audiencia Provincial de Cádiz y el Juzgado número 2 de Chiclana han vuelto a dar la razón al ex concejal socialista de Urbanismo de esa localidad, Joaquín Muriano, quien fue denunciado por el PP y el Ayuntamiento hace ahora casi siete años por un presunto delito de prevaricación urbanística.

Ya el año pasado, el citado juzgado archivó la causa, si bien el PP y el Ayuntamiento realizaron un recurso de casación, que por segunda vez fue desestimado por la juez encargada del caso.

Pese a ello, el PP y el Consistorio volvieron a recurrir a la Audiencia Provincial de Cádiz, donde definitivamente han archivado la causa sin posibilidad de recurso. Además, obliga a pagar a la defensa de Muriano las costas que se elevan a unos 50.000 euros, una cantidad que deberá afrontar el Ayuntamiento chiclanero que en la actualidad es gobernado por los socialistas.

En este sentido, el ex concejal del PSOE reiteró que el Partido Popular de Chiclana ha utilizado dinero público para querellarse contra su persona, un asunto que ahora se encuentra en los Juzgados tras la denuncia de Muriano contra el ex alcalde popular, Ernesto Marín, a quien se le imputa un presunto delito de prevaricación y malversación de fondos.

Cabe recordar que esta pelea judicial entre el ex edil de Urbanismo y el PP se remonta a 2007 cuando Muriano siendo responsable de Urbanismo, concedió licencias de primera ocupación al Hotel Barceló y el supermercado Supersol (ambos en la Loma del Puerco) pocos días antes de las elecciones municipales. En este sentido, los populares denunciaron que en ambos negocios se produjo un exceso de aprovechamientos de casi 3.000 metros cuadrados.

Tras años de enfrentamientos entre populares y socialistas de Chiclana por este asunto, la fiscal y la jueza ordenaron el archivo de la causa el pasado año al estimar el asunto como un tema administrativo y en ningún caso penal. Según el escrito de la Fiscalía, los informes sobre este asunto "no establecen categóricamente que se haya producido una infracción de las normas, ya que todos ellos aluden a la existencia de un uso autorizable y un exceso de aprovechamiento, sin que se afirme sin dejar lugar a dudas que dicho exceso no podría ser subsanado de forma alguna por lo que se contraviene a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y el plan parcial Loma del Puerco y Normas Subsidiarias".

Además, en la segunda resolución del Juzgado número 2 de Chiclana se especifica que no consta que la decisión adoptada por Joaquín Muriano "haya causado perjuicio a terceros, mucho menos al Ayuntamiento que vio engrosada sus arcas, ni que le reportara ningún beneficio personal, lo que permite deducir que el imputado actuó pensando en lo que creía que era el bien común y no para imponer su propia voluntad de manera arbitrariamente injusta".