La Audiencia iniciará mañana la apertura de juicio oral contra doce hombres acusados de introducir 59 fardos de hachís, unos 1.840 kilogramos, a través del puerto de Barbate. El valor de la droga incautada tiene una estimación en el mercado de diez millones de euros. Por esta razón, se le imputan a los procesados un delito contra la salud pública que les llevaría a cumplir una pena de entre cinco y seis meses de prisión y una multa de 20 millones de euros con responsabilidad personal subsidiaria de 180 días de privación de libertad en caso de impago.

Las investigaciones de la Guardia Civil empezaron en el último trimestre de 2011, cuando se tuvieron las primeras sospechas de posible vinculación con el narcotráfico de D.N.B. y A.R.G. Desde ese momento se inició un dispositivo especial de vigilancia. D.N.B. era quien disponía los medios necesarios para la entrada en las costas barbateñas de la sustancia y éste fue quien se puso de acuerdo con el resto para distribuir por la localidad jandeña los más de 1.800 kilos de hachís. Así el 19 de enero de 2012 tanto D.N.B. como D.R. acudieron a bordo de un vehículo al muelle de Barbate rozando la una de la madrugada. Allí estaba estacionado el camión de A.R.G, que otros días había sido avistado en la zona. A las cinco de la madrugada de ese mismo día, se acercó al espigón del puerto barbateño una embarcación neumática, donde viajaban más acusados, que fue atracada. Una vez allí, los acusados, ayudados por más hombres, procedieron a descargar fardos de hachís. Tras dejar la mercancía en tierra, el camión Mercedes de A.R.G. se acercó al lugar para recoger los paquetes de droga. Al instante, fue detenido por los agentes de la Guardia Civil junto al resto de los participantes en la operación. Algunos de ellos fueron interceptados en la playa de la Hierbabuena y uno de ellos, J.L.M.V., logró eludir a las autoridades. Asimismo, se procedió al decomiso de los estupefacientes, la lancha donde fue transportada la droga, el camión y dos vehículos.

El Ministerio Público solicitará entre cinco y seis meses de prisión por un delito contra la salud pública relativo a sustancias que no causan grave daño a la salud en cantidad de notoria importancia.