Si Miguel Arias Cañete fuese almirante y no ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, podría decirse que ayer lanzó en Barbate una serie de andanadas escalonadas verbales a la línea de flotación del Ejecutivo británico y el de su “protectorado”, en sus propias palabras, gribraltareño. Fue en respuesta a la “aberrante agresión” que vienen padeciendo los pescadores de una veintena de barcos de la flota linense, abriendo el conflicto más grave que se recuerda desde el cierre de la Verja. Arias Cañete se reunió ayer en Barbate con el sector pesquero para analizar el acuerdo de pesca con Marruecos al que se llegó a principios de mes y que tendrá que ratificar el Parlamento europeo antes de que entre en vigor.

“Al Gobierno español no le tiembla el pulso –dijo–; está tomando las medidas que considera oportunas”. Entre ellas, Arias Cañete anunció el próximo establecimiento de una Zona de Especial Conservación (ZEC), que cubrirá las aguas del entorno de Gibraltar, y donde estará prohibido el bunkering, el suministro de combustible a buques mediante gasolineras flotantes fondeadas permanentemente en la Bahía de Algeciras. “Vamos a modificar la legislación medioambiental española –explicó– para establecer un cuadro de sanciones contra las empresas que practiquen esa actividad, que es legal en algunas condiciones pero que en otras está prohibido. Vamos a endurecerlas y a mantener la capacidad de aplicarlas con mucho mayor rigor”.

El ministro aseguró que el Gobierno mantendrá los controles que existen en este momento en la Verja, “que son proporcionados y se justifican porque somos una frontera Schengen y, por tanto, tenemos que garantizar el cumplimiento de la legalidad comunitaria. Máxime, –añadió– cuando Gibraltar es una plataforma para el contrabando de tabaco y porque así nos lo ha demandado el sector de los estanqueros”.

Arias Cañete garantizó que el Ejecutivo español “seguirá defendiendo que se ha cometido delito medioambiental y trasladando a la Comisión Europea que la colonia británica está actuando en contra del derecho comunitario”. Respecto al anuncio del Ejecutivo británico de que tomará medidas legales contra los controles en la frontera, el ministro dijo que “el Gobierno español está muy tranquilo y las amenazas no van a hacer temblar su firmeza porque está en posesión de la verdad y amparado por la legalidad”.

“El Tratado de Utrecht –recordó– dice lo que dice : que no hay aguas territoriales, que el istmo también fue apropiado, que no hay cobertura internacional para reclamarlas y, por lo tanto, el Ejecutivo español tiene la tranquilidad de que el derecho y la legalidad internacional están de su lado”.

Arias Cañete confirmó que el Gobierno español está estudiando la imposición de una tasa por congestión en la frontera, que considera “perfectamente razonable”, porque al hacer “inspecciones minuciosas, como exige el espacio Schengen”, especialmente a las puertas de “una plataforma para el contrabando de tabaco”, es necesario un “mayor esfuerzo y refuerzo de personal”. El ministro aclaró que el Gobierno está estudiando cuál sería la mejor fórmula para establecerla, de acuerdo con la normativa comunitaria, y que no afectaría a los miles de trabajadores españoles que a diario cruzan la frontera para acudir a sus puestos.

Tras la reunión que mantuvo con  representantes del sector pesquero, Arias Cañete resumió así el conflicto y la reacción gubernamental española: “Con esta decisión unilateral, el Gobierno de la colonia de Gibraltar ha cometido, desde la perspectiva del Ejecutivo español, un delito medioambiental, lanzando bloques indiscriminadamente al medio marino. Lo hemos denunciado ante el Fiscal especial de Medio ambiente y ante las autoridades ambientales europeas, porque entendemos que afecta a los fondos marinos y al normal desarrollo de una actividad pesquera histórica que se estaba practicando dentro de la más absoluta legalidad comunitaria”, recordó.

“Consideramos que el Gobierno británico –agregó– tiene la responsabilidad de restablecer el orden jurídico alterado por esa decisión unilateral de la colonia. Si las colonias son un anacronismo en el siglo XXI, y las Naciones Unidas han desplegado un importante esfuerzo en la descolonización, una colonia en el seno de la Unión Europea es inexplicable; pero mucho más inexplicable es que la potencia que ejerce el protectorado sobre la colonia, consienta estas agresiones al medio natural, que además, impide la actividad pesquera que se ha venido realizando históricamente sin que hubiese habido el menor problema de convivencia. Sólo tras la llegada del señor Picardo [primer ministro gibraltareño] se han creado estas situaciones”.

“Por eso –insistió Arias Cañete– el Gobierno español  va a seguir aplicando todas las medidas que dentro de la legalidad nacional e internacional se puedan tomar, siempre proporcionadas y siempre dentro del orden jurídico  establecido”.

“El Gobierno no va a ceder –remachó– y va a seguir defendiendo al sector pesquero español para que pueda seguir faenando donde siempre lo ha hecho. Es absolutamente aberrante –dijo el ministro– que se echen al mar bloques de hormigón que tienen introducidos en los mismos unos elementos en forma de cilindros metálicos, cuyo efecto es destrozar las redes de los pescadores imposibilitando su actividad. Se altera la composición del medio marino, se altera la legalidad pesquera, se comete un delito ambiental y por eso hemos denunciado y lo trasladaremos a nuestros parlamentarios europeos”.