El presidente del Partido Popular de Andalucía (PP-A), Javier Arenas, utilizó ayer como ariete contra la Junta de Andalucía la sentencia del Tribunal Supremo que ha paralizado las obras de construcción del parque empresarial de Las Aletas, al considerar que su ordenamiento incumple la Ley de Costas.

El líder de la oposición dice que la nulidad de los acuerdos del Consejo de Ministros y del convenio entre el Gobierno y la Junta que propiciaron esta iniciativa es "un monumento a la incompetencia" del Gobierno andaluz tras diez años intentando ponerlo en marcha. Las palabras de Arenas fueron contestadas ayer mismo por el secretario provincial del PSOE y presidente de la Diputación de Cádiz, Francisco González Cabaña, quien calificó al máximo responsable del PP en la comunidad andaluza de "buitre carroñero". Y el último capítulo de esta disputa entre el PP y el PSOE lo protagonizó el presidente provincial del PP, José Loaiza, quien anunció la interposición de una querella contra Cabaña por sus "insultos" contra Arenas.

Desde Sevilla, el presidente del PP-A recordó que el PSOE "ha estado diez años queriendo poner en marcha este proyecto para terminar ahora parado", lo que consideró "todo un despropósito". "El Gobierno andaluz es incapaz de mejorar la gestión de los recursos públicos y día a día está siendo desautorizado por los tribunales", aseveró.

La misma línea argumental utilizó el presidente provincial del PP, José Loaiza, que aseguró que este nuevo varapalo judicial al desarrollo urbanístico de Las Aletas "pone de manifiesto el fracaso de la política industrial del PSOE en la provincia". Loaiza consideró "una noticia muy preocupante" que se paralicen las obras de lo que en teoría debe ser el principal centro empresarial de la Bahía de Cádiz. "En torno a Las Aletas, la Junta y el Gobierno central han generado un caos que perjudica la creación de puestos de trabajo y genera desconfianza", recalcó.

Y subrayó que hasta ahora el PSOE ha actuado en todo este proceso de desarrollo de Las Aletas "con una prepotencia y con una suficiencia que se ha revelado desastrosa, tal y como ha venido denunciando el PP en reiteradas ocasiones".

La réplica a la artillería del PP la protagonizó desde las filas socialistas Francisco González Cabaña. El secretario provincial del PSOE lanzó ayer un mensaje de tranquilidad dirigido sobre todo a los agentes sociales y económicos de la Bahía porque el proyecto del parque empresarial de Las Aletas "es un compromiso del PSOE irreversible que va a salir adelante, aunque le pese al PP".

En este contexto, Cabaña manifestó que "una vez más los gaditanos y los andaluces han podido comprobar la política carroñera que practica Arenas, que sobrevuela como un buitre sobre Las Aletas para intentar obtener réditos electorales, con la indisimulada esperanza de que fracase un proyecto fundamental para el desarrollo económico y la generación de empleo en la Bahía y la provincia de Cádiz". Y añadió que los dirigentes del PP "deberían cambiar en la Bahía la gaviota distintiva de su partido por la imagen de un buitre carroñero".

Además de sus duras críticas hacia la cúpula del Partido Popular, el secretario provincial del PSOE reiteró su mensaje optimista pese al duro revés que ha supuesto al sentencia del Tribunal Supremo. En este contexto, el también presidente de la Diputación Provincial de Cádiz y alcalde de Benalup-Casas Viejas indicó que "gracias al esfuerzo conjunto de todas las administraciones públicas, Las Aletas se va a convertir en el pulmón empresarial de la Bahía".

La sentencia del Supremo conocida el viernes estima el recurso presentado por la organización ecologista WWF-Adena y anula por incumplir la Ley de Costas tanto el acuerdo del Consejo de Ministros que aprobó la reserva de suelo de dominio público marítimo-terrestre como parte del convenio entre el Gobierno y la Junta que Pedro Solbes y Manuel Chaves firmaron en Sevilla el 30 de abril de 2007.

Desde Cádiz, Ecologistas en Acción mostró su alegría por un fallo judicial que, entiende esta entidad conservacionista, ahonda en el "descrédito de la clase política" y deja en mal lugar al Gobierno central, la Junta y el Ayuntamiento de Puerto Real "por empeñarse en incumplir la Ley de Costas".

"Resulta lamentable que desde estas administraciones públicas se esté pretendiendo destruir un espacio marítimo-terrestre y forzar el marco normativo que salvaguarda nuestras costas", apostilla Ecologistas en Acción que, además, defiende la teoría de que este parque empresarial es una iniciativa "innecesaria" al haber aún suelo sin ocupar en otros enclaves de la Bahía.