La Audiencia Provincial de Cádiz ha aplazado hasta el próximo septiembre el juicio, previsto para 17 jornadas de este mes y de abril, que ayer iba a sentar en el banquillo, en la Sección Tercera, a 25 acusados de pertenecer a una trama que introducía cocaína por el puerto de Algeciras con la colaboración de trabajadores del muelle.

Uno de los abogados defensores se ha incorporado a la causa hace poco, en sustitución de un letrado fallecido, y solicitó la suspensión de la vista para poder preparar el asunto en un tiempo razonable. Por otro lado, el Tribunal Supremo aún no ha resuelto acerca de una queja presentada por otro abogado defensor que reclama que el caso sea juzgado por la Audiencia Nacional con el argumento de que los hechos se han desarrollado en lugares que corresponden a varios Juzgados. Son dos razones que han llevado al tribunal a suspender el juicio y señalarlo para dentro de seis meses.

Según relata el escrito de calificación provisional de la Fiscalía, los empleados del puerto de Algeciras procesados (a tres los defiende el abogado José Álvarez) se encargaban de recoger la droga que llegaba escondida en el interior de contenedores con distintos productos procedentes de Sudamérica.

Cinco de los procesados son considerados jefes de la organización por la fiscal Antidroga de

Cádiz, Ana Villagómez, que solicita para tres de ellos 17 años de prisión, para otro 15 y para el otro 11. Para otros 14 acusados, considerados integrantes de la organización, la fiscal pide 13 años de cárcel para cada uno. Y para los siete procesados restantes, penas que van de cinco a 11 años de prisión.

Los procesados cayeron en una operación de la Guardia Civil desarrollada durante varios meses de 2009 a través del Juzgado de Instrucción número 2 de Barbate. La investigación comenzó centrada en varios residentes en la pedanía barbateña de Los Caños de Meca. La fiscal relata que los jefes de la organización habían logrado la colaboración de varios grupos de personas que se encargaban de llevar a cabo las labores operativas en el interior del recinto portuario. La mayoría eran trabajadores del muelle, de empresas auxiliares de mantenimiento y seguridad, que podían moverse con libertad por el puerto sin levantar sospechas.