El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha defendido la actuación policial en el marco de la 'operación EDUende', que investiga el fraude masivo en la concesión de subvenciones para cursos de formación en Andalucía, pues "la obligación del Estado de Derecho es llegar hasta el final, investigar hasta el final y exigir las responsabilidades necesarias en el ámbito que las hubiere". 

En declaraciones a los periodistas en Tarifa, donde ha mantenido un encuentro con trabajadores de Salvamento Marítimo, Sanz ha explicado que la operación "sigue abierta" y ha rechazado valorar las "repercusiones políticas de la investigación". 

Sostiene que la actuación policial "responde al buen funcionamiento del Estado de Derecho y a la persecución de cualquier tipo de fraude que se pueda producir, en este caso con fondos tan importantes como son los de formación para el empleo en una comunidad autónoma con los datos de desempleo que tiene Andalucía". 

Detalla que la operación se desarrolla "bajo las investigaciones de la Udyco, que realiza una actuación de policía judicial sobre procedimientos abiertos en el ámbito judicial". 

 En este punto, ha insistido en que la Udyco "no depende orgánicamente de la Delegación del Gobierno, sino de los servicios centrales y del trabajo desarrollado bajo el impulso de los jueces". 

Al hilo, apunta que esta nueva fase de la operación "se refiere a actuaciones en prácticamente todas las provincias andaluzas", tras unas investigaciones "desarrolladas por la Policía Nacional a través de la Udyco dentro de ese procedimiento judicial que dirigen jueces distintos en cada una de las provincias".