El presidente del PP en Cádiz, Antonio Sanz denunció en el día de ayer "la desaparición de algunos expedientes de la Agencia Idea" que tienen que ver con el caso Bahía Competitiva y que "ensombrece la transparencia obligada de la Junta y dificultan la investigación".

Según Sanz, "están ocurriendo cosas que es importante que el PSOE aclare" y pidió explicaciones de "por qué no aparecen los cuatro primeros expedientes de la Agencia Idea que dieron lugar a las primeras investigaciones en torno al caso y que vinculan a una entidad financiera, que terminó provocando el despido de un responsable de dicha entidad a raíz de una auditoría interna que conllevó la posterior denuncia de la Agencia Idea".

"En todo el procedimiento se habla de irregularidades en torno a ocho certificados, pero no se habla de los cuatro primeros; el problema no es que no se hable de ellos, sino que parece que no están", manifestó ayer el dirigente popular, que solicitó también a la Agencia Idea que ponga a disposición de la Justicia y del Parlamento de Andalucía los cuatro expedientes que dieron origen a este caso.

Sanz explicó que "estamos hablando del origen del caso en diciembre de 2010, donde una auditoría interna de una entidad financiera descubre irregularidades en esos certificados y, por tanto, no es la Agencia Idea la que denuncia, sino que quien alertó fue la entidad financiera".

El presidente del Partido Popular de Cádiz, Antonio Sanz, respondió ayer también a las explicaciones que ofreció el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta, José Sánchez Maldonado, sobre Bahía Competitiva en la comisión el pasado jueves. De este modo, el popular preguntó a la Junta "si no le parece bastante responsabilidad tener cinco imputados vinculados a la Agencia Idea en el fraude de Bahía Competitiva" y añadió que el consejero "no se ha enterado de dónde está" cuando dijo que la Junta no tenía responsabilidad.

Así, Antonio Sanz recordó ayer que hay cinco personas vinculadas a la Agencia Idea y al Plan Bahía Competitiva, tales como Antonio Perales, Rosa Rodríguez, Rosa Mellado, Gema Herrera y Ofelia Perales, a las que se les imputa presuntos delitos de malversación de caudales públicos, fraude en subvenciones y falsedad documental.