El futuro del proyecto de Las Aletas depende de nuevo del Consejo de Ministros. Esta es una de las conclusiones extraídas de la reunión celebrada ayer por el consejo rector de Las Aletas. Meses después, parecía que esta iniciativa volvería a andar. Después de varios intentos fallidos, la reunión del consejo rector se celebró al fin en la mañana de ayer y eran muchas las respuestas que se esperaban. Sin embargo, la reunión, desde el principio, dejó de nuevo más incógnitas que resoluciones.

Para empezar, el encuentro del consejo rector no se realizó en su sede (como sí ha ocurrido hasta la fecha), en el edificio que comparte junto a la Consejería de Innovación (edificio Ma'Arifa), sino que se llevó hasta la sede de la Zona Franca. Después, la comparecencia del órgano que dirige este ambicioso proyecto no se realizó (como era costumbre hasta ahora) de forma conjunta. Se organizó de modo que la primera en hablar de lo ocurrido en la reunión (que comenzó a las 10:00 horas) fue la consejera de Presidencia de la Junta y vicepresidenta primera del consejo rector, Susana Díaz. Una vez que se retiró, le tocó el turno a la subsecretaria de Hacienda y presidenta del Consorcio Aletas, Pilar Platero. Y, para finalizar, lejos de atisbarse un verdadero acuerdo entre las partes (aunque la buena disposición para ello sí fue reflejada por ambas), la conclusión que se extrajo tras ambas comparecencias fue que lo que unos quieren y casi dan por hecho (Junta de Andalucía), no lo es tanto o "tiene que ser estudiado" por otros (en este caso, el Estado).

Así, lo primero que anunció Susana Díaz fue que la Junta de Andalucía había presentado propuestas para conseguir avances por etapas, "a corto, medio y largo plazo". La consejera de Presidencia explicó que la Junta de Andalucía llevó ayer a la reunión "distintas iniciativas que permitan la visibilidad del proyecto de manera inmediata". Por ello, instó al Gobierno a aprobar "cuanto antes" en el Consejo de Ministros la nueva reserva demanial sobre el terreno de Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT). que consideró la "clave de bóveda" del proyecto.

En este punto, hay que recordar que este tipo de figura puede permitir la actuación sobre terreno inicialmente afectado por la Ley de Costas, siempre que transcurrido un periodo temporal acordado, el terreno se devuelva a su situación original. Además, este hecho fue el que provocó la primera sentencia del Tribunal Supremo (TS), a instancias de WWF, que tumbó el proyecto por considerar el TS que no cumplía con la determinación de dicha Ley.

En este sentido, la presidenta del Consorcio y representante del Gobierno central, "está en nuestro ánimo continuar con los procedimientos de cara a un nuevo acuerdo en el Consejo de Ministros para definir una nueva reserva demanial, contando con todas las cautelas para no volver a incurrir en los errores anteriores". Tras este toque de atención a todos cuantos antes dirigieron el Consorcio, la actual presidenta también se refirió a la propuesta planteada por el Ayuntamiento de Puerto Real, y que será también estudiada, "de asumir la fase de planeamiento desde la perspectiva municipal" aunque, según matizó, "entra en contradicción con la propuesta de la Junta".

Eso sí, ninguna de las dos representantes del Consorcio Aletas supo dar plazos ni de inicio de obras ni de celebración de ese Consejo de Ministros. Lo que sí es seguro es que, a juzgar por los trámites llevados a cabo hasta ahora, podrían pasar muchos meses hasta que esa reunión de ministros se celebre y apruebe la reserva demanial porque, además, antes habrá que delimitarla y ajustarla a derecho.

Además, Susana Díaz señaló que la Junta ha planteado la posibilidad de hacer "dos declaraciones de interés autonómico": una sobre las 127 hectáreas que no están sujetas al DPMT y "sobre las que podría actuarse en el medio plazo", y otra sobre el resto de la superficie afectada por la sentencia del Tribunal Supremo. La consejera explicó que esta medida "nos daría todas las garantías necesarias para que ninguna sentencia jurídica que viese la luz en los futuros meses pudiese interrumpir las actuaciones previstas en esas primeras 127 hectáreas".

La consejera estimó que la propuesta del Gobierno andaluz "es completa y permite lo que es fundamental: que, de una vez por todas el proyecto de Las Aletas tenga visibilidad, que haya unos suelos que nos permitirían actuar ya y tener una garantía jurídica para que no volvamos a vernos inmersos en ningún parón excesivo por causa de alguna decisión judicial".