El proyecto de parque tecnológico e industrial de Las Aletas sigue adelante. Fue la idea principal trasladada ayer por los responsables del Consorcio que rige los destinos de esta superficie, después de que la empresa Tragsa haya finalizado su informe en el que considera viable social y económicamente esta iniciativa.

Sin embargo, pese a que sigue adelante incluyendo la consignación presupuestaria del Estado y del propio Consorcio (35 y 18 millones para 2011 respectivamente), el proyecto se verá sensiblemente modificado. Esta conclusión surge de las palabras pronunciadas ayer por la presidenta del Consorcio de Las Aletas, Juana Lázaro quien, tras reiteradas preguntas de los medios de comunicación, tan sólo esbozó algunas de las líneas que marca un informe que no fue hecho público.

"En el informe de Tragsa se pone de manifiesto que vamos a preservar medioambientalmente al máximo todas las actuaciones, habrá que concentrar al máximo en la zona no sujeta a reserva las actuaciones que sean incompatibles con el dominio público marítimo terrestre y todas aquellas que son las que se derivan del desarrollo de actividades del mar, logísticas, de I+D+i compatibles con ese dominio público se colocarán en esa zona. Lo que sí adelanta el informe, con independencia de que después haya que precisarlo, es que la zona medioambiental, las 120 hectáreas, se ampliarán. La zona de reserva se reducirá en 20 hectáreas que se incorporarán a la zona de protección en la que insistiremos de forma especial", detalló la presidenta del Consorcio.

De estas palabras se pueden desprender varias ideas. En primer lugar, como no podía ser de otra forma, el Consorcio de Las Aletas, arropado por las directrices que marca el informe de Tragsa, asume las premisas incluidas en el informe de la Abogacía del Estado, en el que se daba cuenta de los incumplimientos que había detectado el Tribunal Supremo en lo inicialmente programado, y que fue denunciado por asociaciones ecologistas. Esto afectaba, especialmente, a la zona de dominio público marítimo-terrestre.

Ahora, según Lázaro, se van a proteger al máximo esas 120 hectáreas y todas aquellas actividades que no puedan ocupar esa zona protegida, habrá que "concentrarlas" en el terreno que sí lo permita. Este periódico ha podido saber que el informe propone, para la zona de protección, la instalación de empresas sensibles con el entorno, como aquellas vinculadas a la I+D+i, logísticas y portuarias, de acuicultura y de energía eólica.

En este sentido, es necesario recordar la división de terreno que inicialmente se hizo de las 527 hectáreas totales de Las Aletas: una primera zona, que se denominó AF-1, con 158,90 hectáreas, que iba a ser el área logística-intermodal, desde donde se realizarán las conexiones para mercancías tanto por carretera como por ferrocarril o vía marítima. Una segunda zona, la AF-2, con 136,05 hectáreas, más próxima a Puerto Real, que sería el área empresarial y comercial, con la posibilidad de instalación de centros comerciales. La tercera, AF-3, con 112,05 hectáreas, como área científico-tecnológica. Y, por último, la zona AF-4, con 120 hectáreas, como área medioambiental, que es la que ahora quedará protegida.

No obstante, la valoración que realizó ayer Juana Lázaro y el vicepresidente del Consorcio, el consejero de Gobernación y Justicia de la Junta, Luis Pizarro, fue que el proyecto continúa y que es una buena noticia. En rueda de prensa, daban cuenta de que la empresa Tragsa había presentado su informe que confirma la compatibilidad del proyecto con la sentencia del Supremo, que anulaba la declaración de reserva demanial sobre unas 120 hectáreas acordada por el Consejo de Ministros.

La presidenta del Consorcio afirmó que empiezan la andadura "de una forma segura, manteniendo por supuesto todos los condicionantes que exigen la sentencia, creyendo cada vez más en él y en que será una realidad".

El Consorcio ha decidido poner en marcha cuanto antes el nuevo proceso que consiste en iniciar el procedimiento de la reserva y emprender actuaciones de reforzamiento para la recuperación y regeneración de la zona medioambiental. Además de garantizar la protección de las 120 hectáreas a las que se refería la sentencia del Tribunal Supremo, el Consorcio incluirá otras 20 hectáreas más para preservar al máximo "la zona y todas las actuaciones que se hagan en el parque".

Para Juana Lázaro, "el nuevo proyecto es la ratificación del anterior con cambios en la reordenación de las actividades; será un proyecto que reordene los usos del espacio manteniendo la intensidad global del proyecto y desarrollará aquellos aspectos que están especialmente vinculados al mar, a la Bahía y a sus servicios".

El proyecto del parque sigue teniendo garantizada la aportación de las distintas administraciones que participan en él con los 35 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado para 2011 y la inversión de 18 millones de euros que aporta el propio Consorcio.

En cuanto al inicio de las obras, lo primero que se hará, de forma "inmediata", serán obras de regeneración de la zona de protección medioambiental. Por su parte, en cuanto al tiempo para que Las Aletas sea una realidad, Lázaro señaló que será "el mínimo imprescindible para actuar con seguridad".