El alcalde de Villamartín, Juan Luis Morales (PA), denunció ayer que la empresa pública del agua Aguas Sierra de Cádiz, dependiente de la Mancomunidad, realizó "una dejación de sus funciones" con respecto al cobro de una serie de recibos que ahora reclama a los vecinos.

Morales manifestó que los vecinos están recibiendo cartas en las que "se les amenaza con el embargo de bienes inmuebles y nóminas", debido a una deuda que mantienen con la Mancomunidad, referente a los recibos del agua correspondientes a los siete años que la empresa dirigía el servicio y en los que "realizó una dejación de las funciones y no ejerció el cobro a los vecinos villamartinenses y de otras localidades, puesto que la gestión del cobro era débil y nefasta".

Asimismo, el máximo edil villamartinense dice que, incluso, los dirigentes de IU "afirmaron en un pleno que no se podía cortar el agua a ningún vecino porque no tenían control sobre quiénes pagaban". Morales señala que respecto al tema los vecinos tienen dos posibilidades: ejercer el pago si hay recursos suficientes en la familia y se puede hacer frente; o en el caso de aquellas familias que actualmente tengan una situación complicada, y necesiten la ayuda o la prestación por desempleo para el sostenimiento de su familia, pueden mantener la deuda y afrontarla cuando mejore la situación, ya que sólo se puede embargar el 10 por ciento a una persona cuando supere el salario mínimo interprofesional o, por otra parte, se pueden dirigir a la Oficina de Recaudación y establecer un calendario de pago, haciendo frente aunque sea a una cantidad significativa mensualmente.

Morales, también, ha señalado que "esta empresa estuvo prestando servicio y fue gestionada tanto por el exalcalde José Luis Calvillo como por el expresidente, Alfonso Moscoso, en Mancomunidad, ambos del PSOE, que fueron los que produjeron este gravísimo problema, y son los que deberían arreglarlo. Tanto IU como PSOE que son los que están unidos en la Mancomunidad de la Sierra, deberían plantearse que la empresa pública debe gestionarse con criterios de eficacia, eficiencia y responsabilidad, y no con los de venganza política. Todos los vecinos tienen el servicio de Aqualia porque un juez lo dictaminó porque José Luis Calvillo firmó un decreto en fraude de ley, en un ejercicio de irresponsabilidad sin límites", acusa Morales. Por último, el alcalde de Villamartín ha insistido en que todos los vecinos que reciban estas cartas serán asesorados en el ente local sobre lo que pueden hacer para no verse dañados "por culpa de la mala gestión de otros en el pasado", considera.