Joaquín Muriano, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Chiclana y actual delegado municipal de Juventud y Educación, tendrá que comparecer ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Chiclana como imputado por un supuesto delito de prevaricación cometido al conceder una licencia de obras a un supermercado de la Loma de Sancti Petri cuando era el responsable del área municipal de Urbanismo.

El juez, que debe dictaminar a partir de ahora si hubo o no delito por parte del edil, admite así a trámite la querella presentada hace sólo un mes por el Ayuntamiento de Chiclana cuando aún era gobernado por el tripartito conformado por PP, IU y PA.

Muriano ha sido citado para declarar como imputado el próximo 5 de febrero, mientras que dos semanas después, el día 19 de ese mismo mes, harán lo propio, aunque en calidad de testigos, el actual alcalde de esta localidad, José María Román, y el ex gerente de Urbanismo y nuevo gerente de Emsisa, Alfonso López Almagro. Entre las pruebas requeridas por el juez en estas diligencias previas se incluye asimismo la toma de declaración a varios técnicos de este área urbanística, también en calidad de testigos.

Esta fue la segunda de las dos querellas interpuesta por el anterior gobierno chiclanero contra Joaquín Muriano y se centra en la licencia de obras concedida por éste el 25 de mayo de 2007 -sólo dos días antes de las elecciones municipales- para la construcción de un supermercado en el sótano del centro comercial Tartessus de la Loma de Sancti Petri. Según la querella, esta licencia fue dada en contra de los criterios de los técnicos municipales, que recogían un exceso de edificabilidad de 571 metros cuadrados.

Por el momento no se ha hecho público si ha sido admitida o desestimada una primera querella también formalizada por el anterior gobierno local contra Muriano y que data igualmente de la primera semana de noviembre. Esta primera querella, presentada ante el Juzgado de Instrucción número tres de Chiclana, está referida a otro supuesto caso de prevaricación que también habría cometido el ex delegado de Urbanismo en la concesión de la licencia de primera ocupación del hotel Barceló, también en la Loma. En la querella se afirma que esta licencia, también del 25 de mayo de 2007, siguió su curso pese a tres informes técnicos contrarios que advertían de un exceso de aprovechamiento de casi 3.000 metros cuadrados.