Un agente de la Guardia Civil de Ceuta está entre los ocho acusados de una organización que supuestamente se dedicaba a introducir hachís en España procedente de Marruecos a través de las costas algecireñas.

La sección algecireña de la Audiencia Provincial los iba a juzgar ayer, pero finalmente la vista se aplazó al 21 de septiembre debido a que el tribunal advirtió que participó en un auto de prisión fechado el 11 de noviembre de 1999. De esta manera, la composición de los magistrados cambiará para respetar la máxima judicial que reza que quien instruye no puede juzgar.

Supone el segundo aplazamiento de un procedimiento que se remonta a 1999 y cuyas investigaciones partieron de la Udyco del Cuerpo Nacional de Policía de Ceuta, aunque también participó el de Algeciras.

El 24 de mayo fue la primera fecha señalada, pero no se celebró por la incomparecencia de B. B. B., que ayer tampoco asistió. El ministerio fiscal pide a los 8 acusados 4 años y 6 meses de prisión por un delito contra la salud pública. De las investigaciones policiales se deduce que este grupo se coordinaba para traer, vender y distribuir la droga y que intentó llevar a cabo varios portes.

La desarticulación llegó el 8 de noviembre de 1999 cuando la Policía intervino cerca de Pelayo un alijo de 578 kilos de hachís que iban en 22 bultos. Tres de los acusados venían en la embarcación, dos tenían que recoger la sustancia estupefaciente y los otros tres se encargaban de las otras labores. Aquella noche se ocultaron y escondieron la droga. El ministerio público señala al agente como el que ponía a punto las naves con las que los supuestos traficantes llevaban el transporte de la droga consciente de su uso ilícito.

Una de las defensas solicitó la nulidad de varias actuaciones al considerar que se vulneró el artículo 18.3 de la Constitución, el referido al secreto de las comunicaciones. Habla de que no estaban suficientemente motivadas.

El fiscal defendió lo contrario y precisó que la instrucción cumplió los requisitos marcados.