Los acreedores de Jerecom, la constructora jerezana que quebró en 2007, presentaron ayer en los juzgados una denuncia conjunta contra las empresas administradoras de Jerecom y contra Pedro Pacheco, María José García Pelayo y Pilar Sánchez, los tres últimos alcaldes de Jerez, por haberse cometido presuntas "irregularidades" en el periodo en el que ellos gobernaban y dirigían Urbanismo. La denuncia es extensible al actual delegado de Urbanismo, Juan Pedro Crisol.

En concreto, el abogado que ejerce la acusación particular, Francisco Pérez Vera, indicó que la denuncia está dirigida contra 17 empresas vinculadas de una manera u otra con la familia Grimaldi, aunque advirtió de que "probablemente haya alguna más porque ciertamente a veces es difícil investigar todo esos lazos".

Así, señaló que estaría también supuestamente implicada la empresa Doña&García, "a la que pertenece una persona que singularmente viene ejerciendo como director financiero de distintas empresas, todas éstas con finales análogos al de Jerecom". De hecho, al frente de dicha firma estaba el que fuera también apoderado de Fivesur (en concurso de acreedores en la actualidad).

Por otra parte, la denuncia ha sido formulada contra un administrador judicial y un abogado, al parecer "por una operación que hicieron estando ya la sociedad, creemos, en fase ya de insolvencia y que se adjudicaron o le transmitieron unos determinados bienes". En total, el abogado que representa a 9 personas y empresas ha interpuesto una demanda contra las 17 empresas, 4 cargos públicos y otras 5 personas relacionadas con las supuestas irregularidades, aunque en principio sin lazos familiares con los Grimaldi.

En el caso de los representantes del Ayuntamiento y de la extinta Gerencia de Urbanismo, Pérez Vera señaló a Pacheco como "una pieza clave en estos problemas", aunque explicó que la denuncia es extensible a Pelayo, Sánchez y Crisol porque todos fueron cargos de responsabilidad en este período de supuestas irregularidades.

El abogado llamó la atención sobre el hecho de que desde el Consistorio se ha estado "continuamente obstaculizando" el conocimiento de los expedientes relacionados con Jerecom, incluso a petición del Defensor del Pueblo, "que tampoco tuvo respuesta". El letrado señaló que la falta de respuesta podría ser consecuencia de "lo que podíamos llamar tal vez un pacto explícito o implícito de silencio en torno a estos problemas, creemos que de todos los que han intervenido en los pactos".

Al hilo de este asunto, recordó que precisamente, la alcaldesa actual y la anterior alcaldesa accedieron a sus puestos originariamente en virtud de los pactos que establecieron con el PSA.

Pérez Vera señaló que cree que existen indicios de delitos de "insolvencia punible con varias modalidades" y mostró sus sospechas de que los concursos de acreedores "pudieran tener graves irregularidades", como "alzamiento de bienes", ya que, a su juicio, "a nadie se le escapa que ha habido bienes que no se sabe cómo han ido a parar de uno a otro en operaciones bastante extrañas".

El letrado se mostró confiado en que el juez conceda la incoación de diligencias previas "dada la gran cantidad de hechos que tienen indicios suficientes".