No hubo intención de fraude ni hubo comportamiento criminal en la compraventa del hotel Incosol por parte del dueño de Hoteles Jale, el empresario portuense José Antonio López Esteras. Así lo ha decretado la Audiencia de Bilbao en el litigio que mantenía López Esteras con la familia García Egocheaga, los antiguos propietarios del hotel Incosol de Marbella. El proceso queda resuelto, a falta de los recursos. La Fiscalía y la acusación particular reclamaban dos años de cárcel para López Esteras por delito de estafa continuado.

En marzo de 2007 la sociedad Inverluna SL, representada por López Esteras, se hizo con el 100% de las acciones de Compañía de Inversión Hoteles del Sur SA por más de seis millones y medio de euros. Aquí se integraban los pasivos que esta mercantil mantenía con la Seguridad Social, Hacienda y dos compañías de Egocheaga, HL Monteros 2005 y GK Belastingadviseurs Rotterdam BV. Como aval de las obligaciones de pago, López Esteras se incluyó a sí mismo, a Inmobiliaria Amuerga SL y a Hotel Monasterio San Miguel, de su propiedad ambas. Dos días después, Asered 2010 SL, del entorno del empresario portuense, adquirió el 100% de Andaluza de Inversiones Hoteleras SA por poco más de tres millones de euros. Ambas entidades compradas por López Esteras, matrices de Incosol, fueron vendidas por Egocheaga.

Unos problemas de financiación aplazaron los vencimientos de pago pactados. Debido a las dificultades de López Esteras para afrontar con normalidad la compraventa de Incosol, se le entregó a Egocheaga como garantía el 100% sobre las acciones del Hotel Monasterio de San Miguel, opción que satisfizo al empresario vasco. No obstante, el negocio se enquistó cuando se elevó a público el acuerdo privado suscrito entre ambos, y salió a la luz la posibilidad de que la garantía prometida por López Esteras fuera difícil de cumplir al encontrarse el Hotel Monasterio San Miguel en un proceso de fusión con otra sociedad del dueño de Jale. A cambio, ofrecieron a Egocheaga una cláusula en la que si se formalizaba dicha fusión del hotel con Inmobialiaria Amuerga SL, se le ofrecería otra garantía a través de otros activos. Esta alternativa nunca llegó a contar con la confianza del empresario vasco.

La fusión continuó, siendo informado Egocheaga, según consta en los hechos probados de la sentencia, e Inmobiliaria Amuerga se fusionó con el Monasterio San Miguel, que a su vez pasó a Hoteles Jale para venderlo después al BBVA y así resolver deudas del grupo. Regresando al proceso de venta de Incosol, según consta en la sentencia, durante todo el proceso relatado anteriormente se produjeron renovaciones de deuda y pagos, y quedaron 3.654.127 euros sin pagar.

Por su parte, la acusación particular consideró que, como recoge la sentencia, López Esteras "necesitaba esa ocultación porque estaba en la idea de vender el hotel al BBVA; esta entidad debía ignorar la situación para que se produjera la operación financiera". También consta que la acusación comprendió que "se producen nuevos engaños" cuando se renueva la garantía "ratificando la prenda sobre las acciones, cuando la fusión ya estaba concluida y presentada en el Registro Mercantil con efectos que se retrotraen a diciembre 2007". Esto además se produjo antes de la solicitud de concurso de Inmobiliaria Amuerga, lo que para la acusación llevó a pensar que toda la compleja operación estaba conducida a que el aval presentado a través del Hotel Monasterio San Miguel fuera inviables en todo momento y que se utilizó para que no se cancelara el proceso de compraventa de Incosol.

No obstante, el Tribunal esgrime que no queda acreditado que "al establecer la prenda sobre las acciones del Hotel Monasterio San Miguel" hubiera ánimo de engaño. Aunque reconoce que se informó a la notaría 'in extremis' del proceso de fusión, resalta que en el protocolo 1.990 firmado por ambos se detalla que el hotel se encuentra inmerso en otra operación que podría hacer cambiar la garantía. Según la Audiencia, López Esteras "no oculta sino que pone en conocimiento de García Egocheaga que se está produciendo una fusión de sociedades en la que interviene Hotel Monasterio San Miguel". De hecho, se llega a redactar la opción de que fructifique la operación financiera y que el aval para ratificar el pago de la operación sea otro. Pese a lo que sostiene la acusación, el tribunal entiende que García Egocheaga sí tuvo los detalles necesarios de la fusión, pues en repetidas ocasiones se opuso a este movimiento hasta que no se le hubiera pagado toda la deuda contraída con él por la venta de Incosol.

La firma del protocolo 1.990, donde se avisa de la posible sustitución de una garantía por otra, ha sido fundamental para el veredicto. Uno de los abogados que llevó la operación entre López Esteras y García Egocheaga testificó en sala y constató que el proceso de fusión del Hotel Monasterio San Miguel no se podría haber concretado si se hubiera constituido una prenda del 100% sobre el mismo. La única forma de salvar este impedimento debía preverse a través de su sustitución automática, cosa que quedó aclarada por escrito. Sin embargo, en la sentencia queda reflejado que García Egocheaga pudo interpretar las explicaciones del letrado de tal forma que la fusión dependía de establecer una garantía suficiente acorde a sus intereses. Aunque, según se desgrana, las acciones del hotel eran provisionales y sustituibles por otra garantía, y dependían de la inminente fusión. El tribunal considera probado que hubo divergencias entre los contratantes en aspectos como las obligaciones que se contraían y la forma de su cumplimiento, y volvió a descartar el engaño, ya que se le ofrecieron otras soluciones a Egocheaga. "A nuestro parecer no hubo contrato criminalizado, sino discrepancias en la interpretación de lo pactado y de los derechos y obligaciones adquiridas por las partes", argumentan los jueces, que también descartan un delito de alzamiento de bienes por destinar Jale todos los fondos obtenidos por la venta al BBVA del Hotel Monasterio San Miguel a resolver deudas de otras compañías del grupo, ya que entienden que es una operación lícita.