Provincia de Cádiz

Abierto el sumario sobre el desfalco de 7,8 millones de euros de la caja isleña

  • La Policía halló documentos municipales en la inmobiliaria del detenido · Se practicaron escuchas telefónicas en su entorno

El Juzgado de Instrucción número 2 de San Fernando decretó ayer pasadas las dos de la tarde la apertura del sumario sobre el desfalco de 7,8 millones de euros de la caja municipal isleña. Poco antes de las tres, las partes personadas en el caso recibían la notificación. Ignacio Quintana, abogado del único detenido por los hechos, el funcionario Clemente Ruiz, recibía además copia del escrito por el que la jueza rechazaba el recurso interpuesto al auto de prisión de su cliente. En otras palabras, refutaba el encarcelamiento del mismo. Han pasado casi ocho meses desde que la denuncia -interpuesta por el propio Ayuntamiento isleño- se produjera y otros tantos desde que la investigación (las diligencias previas) comenzara. Por lo tanto, la expectación que rodea a este importante -y extenso, ya que cuenta con tres tomos- documento es mucha porque son muchas también las preguntas que pretenden responderse.

Por el momento, sólo han trascendido algunos aspectos del sumario, en el que se recoge, así lo confirman fuentes policiales, la aparición de documentos públicos municipales en el interior de la inmobiliaria propiedad de Clemente, documentos como el pago del impuesto de plusvalías, en el que aparecen datos de compradores y vendedores. Lo que no ha trascendido hasta el momento es el uso que de estos documentos y estos datos hacía este funcionario. O si, incluso de hacerlo, éste sería el mecanismo utilizado por el mismo para la apropiación del dinero por la que está acusado y de hecho, detenido.

Otro de los puntos sobre los que este periódico ha obtenido información se centra en los diferentes procedimientos que se han llevado a cabo en la investigación. De esta manera, se confirma el hecho de que hubiera escuchas telefónicas, pero unas escuchas que se centraron principalmente en el único detenido por la causa y en su entorno. No trascendieron a la esfera política, como se sospechaba en un primer momento. Fruto de las mismas podrían haberse decretado, por ejemplo, los registros que se practicaron en el domicilio de los dos marroquíes relacionados con Clemente y con su familia.

Precisamente esta vinculación ha constituido una de las patas de las diligencias; la otra, evidentemente, ha sido la investigación de carácter económico. De esta manera, entre los documentos que se espera se encuentren en el sumario está el informe de la Cámara de Cuentas, un informe que este órgano independiente estaba realizando en las oficinas municipales de Hacienda justo cuando el caso saltó. Incluso la Cámara apuntó que había sido ella la que había detectado las irregularidades. En este sentido será también interesante comparar estos resultados con los informes entregados por el Ayuntamiento, informes de Intervención, informes contables y también los realizados como consecuencia de la auditoría interna municipal.

La apertura ayer del sumario supone el acceso a este documento de todas las partes que hasta el momento se han personado. Entre ellas no está -tal como anunciara desde un principio- el PP, socio de gobierno del PA. Ni tampoco el único partido de la oposición, el PSOE, que hasta ahora se encontraba tramitando los permisos para hacerlo. El acceso que tendrán ahora estas partes a toda la información abre un nuevo capítulo en el proceso, un capítulo en el que cada una de las partes tendrá la posibilidad de solicitar nuevas pruebas, llamar a nuevos testigos y contrastar toda la información sobre la que hasta ahora pesaba un profundo silencio. La investigación, en líneas generales, está pues terminada, pero no cerrada, lo cual quiere decir que en los próximos días y semanas pueden seguir apareciendo nuevos datos que se añadan al sumario, pero que éstos serán de conocimiento de todos.

Por el momento, el único detenido sigue siendo Clemente Ruiz y a corto plazo se descarta que este número se amplíe. La otra imputada, la funcionaria María José Lebrero, continúa en libertad con cargos, si bien en el documento que ayer decretaba la apertura del secreto también incluía una citación para ella que podría resultar clave en la modificación de su estado.

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