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El senado argentino aprueba la nacionalización de las pensiones

  • La iniciativa recibió 46 votos a favor, 18 en contra y una abstención.

El Senado de Argentina convirtió hoy en ley el proyecto impulsado por el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que elimina las pensiones privadas y establece un sistema previsional único en manos del Estado.

La iniciativa, que tenía media sanción de la Cámara de Diputados y era resistida por sectores de la oposición, recibió 46 votos a favor, 18 en contra y una abstención, informó la agencia argentina DyN.

Para superar la mayoría simple necesaria, el oficialismo, además de sus propios legisladores, contó con el apoyo del bloque del ARI fueguino y el voto individual de partidos provinciales. La oposición se constituyó en torno al radicalismo, el peronismo disidente, la Coalición Cívica, los republicanos de Tucumán y el frente Cívico de Catamarca.

El debate, cuyo pronóstico anticipaba una victoria del oficialismo desde hace varios días, se inició 45 minutos antes del mediodía y se prolongó sin interrupciones por doce horas. En la etapa final de la discusión estuvo presente el ministro de Trabajo, Carlos Tomada y el titular del organismo de la Seguridad Social (ANSES), Amado Boudou.

El jefe del bloque oficialista, Miguel Pichetto, cerró el debate con una fogosa defensa de la política social del gobierno nacional.

Pichetto dijo que el proyecto plantea "un cambio de trascendencia histórica", al recordar que el Estado "es el que va a administrar estos recursos porque el sector privado ha fracasado".

En su discurso, el senador kirchnerista destacó además que las AFJP "fueron soporte de instituciones bancarias y no hubo inversión en actividades productivas" y refutó las críticas del radicalismo, al considerar que este partido "se perdió la oportunidad de mantener una coherencia histórica".

Por su parte, el líder radical, el senador Gerardo Morales, señaló que "es unánime en el Senado que el sistema de capitalización (privada) no sirvió para nada en los 14 años que tuvo vigencia", pero advirtió que es necesario "estudios en serio" para mejorar el sistema jubilatorio y criticó el sistema que controlará los fondos del Estado.

"El proyecto oficial es precario, se afecta el derecho de propiedad y tiene que ver con que el Estado puede enfrentar un eventual default de la deuda pública", afirmó Morales.

En tanto, la opositora María Eugenia Estenssoro, de la Coalición Cívica, dijo que la propuesta oficial "no cumple con ninguna de las dos condiciones básicas de todo el sistema jubilatorio, que son la previsibilidad y la sustentabilidad".

"Lo único que tiene previsible es que le garantiza a los jubilados y pensionados vivir en la pobreza", remarcó. Añadió que "los sistemas únicos de reparto no son viables porque las sociedades han envejecido y ya no cuentan con la suficiente cantidad de trabajadores jóvenes en actividad, por jubilados".

En cambio, el socialista Rubén Giustiniani, criticó a las adminstradoras privadas al sostener que "han hecho un gran negocio en virtud del dinero de la gente" y remarcó que la seguridad social "es una facultad que la Constitución le ha otorgado al Estado en el artículo 14 bis".

Cuando se pasó a la votación en particular de la nueva ley, los artículos relacionados con la administración de fondos de la Seguridad Social y la devolución del 15 por ciento de los fondos que aportan las provincias, la diferencia se estrechó: el oficialismo logró 42 votos y la oposición, 20.

Con la aprobación lograda hoy, desaparece el régimen de pensiones prvadas instaurado en 1994 durante el primer gobierno del presidente Carlos Menem que contó entonces con un amplio respaldo montado en la ola de privatizacione de bienes y servicios del Estado que caracterizó aquella gestión.

El proyecto aprobado nacionaliza las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP), transfiere al Estado su capital estimado en unos 30.000 millones de dólares, y crea un único régimen público de reparto, el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

La iniciativa, que recibió modificaciones en Diputados, como la creación de una comisión integrada por representantes de jubilados, trabajadores y legisladores para el control del manejo de los fondos -aunque sus integrantes son designados por el gobierno-, no recibió ningún cambio en el Senado.

El Poder Ejecutivo decidió estatizar las jubilaciones con el argumento -entre otras cuestiones- del peligro de insolvencia de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) ante el rendimiento negativo que registraron este año, producto de la crisis financiera internacional.

Este argumento, que fue uno de los ejes de la posición del oficialismo, fue rechazado por las AFJP, que indicaron que en octubre pasado registraron una rentabilidad histórica de 12,73 por ciento anual, desde la implementación del sistema en 1994.

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