La situación de los derechos humanos en una docena de países del mundo árabe se ha deteriorado seriamente a lo largo de los últimos doce meses, según un informe publicado por el Centro de Estudios de Derechos Humanos del Instituto de El Cairo, que denuncia que varias de esas naciones han bloqueado los mecanismos de protección de instituciones supranacionales como la Liga Árabe, cuya labor como teórico garante de la protección de las personas queda seriamente en entredicho según las conclusiones del documento.

El informe, titulado Bastión de Impunidad, Espejismo de Reforma, denuncia casos de tortura, asesinatos extrajudiciales y detenciones ilegales en Egipto, Túnez, Argelia, Marruecos, Sudán, Líbano, Siria, los territorios palestinos, Iraq, Arabia Saudí, Bahrein y Yemen. Se critica igualmente que los "limitados" avances registrados en estos lugares en el ámbito de igualdad de género no son nada más que una maniobra para aparentar una falsa imagen de desarrollo ante la comunidad internacional mientras "simultáneamente evaden las medidas de reforma democrática necesarias para asegurar la dignidad y la igualdad entre todos sus ciudadanos".

De entre todos los casos, el instituto de El Cairo lamenta especialmente la situación de Sudán, cuyo régimen exhibe un "flagrante desprecio" a la Justicia con "ejemplar impunidad", persiguiendo a todos aquellos que instan al presidente Omar Al Bashir a que responda por los crímenes de guerra cometidos durante su mandato. El Gobierno "sigue castigando a la población de Darfur" y evade responsabilidades a la hora de aplicar el Acuerdo de Paz Integral alcanzado con las fuerzas rebeldes. Todos estos factores, advierte el informe, amenazan con arrastrar de nuevo al país a la guerra civil.

Sobre la situación en Gaza, el informe critica tanto las "graves" violaciones de derechos humanos cometidas por Israel como la intensa lucha entre los dos grupos políticos que se reparten los territorios palestinos, Hamas y Al Fatah, que no ha hecho más que exacerbar la ya de por sí dramática situación de la población civil. Ambos grupos son responsables de "graves abusos contra sus oponentes, entre ellos asesinatos extrajudiciales, uso letal de la tortura y detenciones arbitrarias".

Se acusa igualmente al Gobierno de Tel Aviv de "castigar colectivamente" a los habitantes de Gaza con la "brutal" invasión de la Franja a principios de este año, que se cobró la vida de más de 1.400 palestinos, 83% de ellos civiles.

En Yemen, el grupo presagia el "colapso" de "lo que queda" del Gobierno central, al que acusa de haber monopolizado la riqueza del país. "La corrupción ahí es salvaje", apunta el informe, que denuncia la falta de voluntad política del Gobierno para solucionar los conflictos abiertos en el norte y en el sur del país. De igual modo, el informe advierte que "la prensa independiente y los activistas pro derechos humanos son objeto de una represión cada vez más dura".

El informe cita los casos de Siria y Egipto, países que se encuentran desde hace décadas bajo una ley de emergencia que concede a sus respectivos aparatos de seguridad una "amplia impunidad" para reprimir a sus críticos.

En el caso de Marruecos, el grupo detecta "una erosión tangible de los derechos humanos durante la última década", una situación que puede verse claramente en el "fracaso" del Gobierno de Rabat a la hora de reformar los sectores de seguridad y judiciales. Si bien se reconocen los intentos para desarrollar las libertades personales, el grupo constata "la intolerancia" exhibida particularmente "contra aquellas expresiones que se refieren al monarca o a la Familia Real".

El informe denuncia que varios Gobiernos árabes y miembros de la Organización de la Conferencia islámica "han colaborado en el seno de las instituciones de Naciones Unidas" para "obstaculizar los mecanismos internacionales para la protección de los derechos humanos".

Concretamente, se han ocupado de sabotear todos los intentos de la ONU para condenar el deterioro de la situación humanitaria en los países mencionados.