La reforma laboral promovida por el Gobierno de François Hollande inició ayer su tramitación parlamentaria tras sufrir varios cambios que por ahora no garantizan los apoyos necesarios para salir adelante en las votaciones. La ministra de Trabajo, Myriam El Khomri, que da nombre a este proyecto de ley, fue la encargada de defender ante la Asamblea Nacional el polémico texto, que desde hace más de tres meses ha dado lugar a acciones de protesta que han dividido a la izquierda.

En un mensaje a aquellos que en el propio Partido Socialista critican su proyecto, El Khomri hizo hincapié en que "nadie nos ha impuesto" el controvertido texto, sino que es resultado de la voluntad de Hollande y de su "análisis sin concesiones" del mundo del trabajo y de su legislación. Frente a quienes denuncian que el texto facilitará los despidos y favorecerá la precariedad, explicó que "la economía de servicios lo arrastra todo, la digitalización del trabajo se generaliza y los trabajadores desplazados se extienden, todo eso en un mundo abierto y competitivo". "A la luz de esta realidad -añadió- nuestro Derecho laboral ya no cumple suficientemente su papel".

Entre las disposiciones más polémicas, aparte de la clarificación de los motivos que pueden aducir las empresas para proceder a despidos económicos, una de las principales es el mayor espacio para establecer acuerdos en las empresas, que pueden sustituir a los convenios colectivos fijados a escala nacional. Ésa es una de las principales razones para que dos de los mayores sindicatos, la Confederación General del Trabajo (CGT) y Fuerza Obrera (FO), sigan exigiendo la retirada del texto. Ayer ambos participaron en un acto de protesta en la explanada de los Inválidos, a unos cientos de metros de la Asamblea Nacional.

El secretario general de la CGT, Philippe Martínez, se quejó de que el Gobierno haya "intentado manipular" a los sindicatos y a las organizaciones estudiantiles. El Khomri, por su parte, afirmó que con su ley se dará a los sindicatos "un espacio y un papel que no han tenido nunca en nuestra república social" y se mostró convencida de que "protegerá mejor a los trabajadores. Dará nuevas oportunidades a los que más lo necesitan".

Con estos argumentos, el proyecto de ley se discutirá durante dos semanas antes de ser sometido a un primer voto en la Cámara de Diputados, donde se han presentado cerca de 5.000 enmiendas. Casi la mitad son del Frente de Izquierdas, pero también de la derecha y de decenas de parlamentarios rebeldes del Partido Socialista, lo que da una idea de la oposición a la que se enfrenta.