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El irresistible ascenso del señor Draghi

Ignacio Asenjo

Instituto de Estudios Políticos de París

La naturaleza, la composición y el papel de las distintas instituciones están inscritos en el mármol de una ley fundamental, pero son seres vivos, que tienen entre ellos una relación orgánica, de modo que crecen o menguan, se transforman o se destruyen, a golpe de crisis y de enfrentamientos, tal y como las catástrofes climáticas destruyen a ciertas especies y fortalecen a otras. Si esto es cierto para regímenes gobernados por constituciones claras e inamovibles, lo es mucho más para la Unión Europea, ese sujeto político no identificado, basado en tratados internacionales en permanente revisión, con su panoplia de instituciones y agencias, sus distintos niveles de integración y el permanente vaivén de las negociaciones diplomáticas asimétricas.

En este año 2012, a pesar de todo el caos y de la incapacidad de decidir de los líderes europeos, lo cierto es que la interminable crisis de la deuda soberana ha provocado al fin su correspondiente seísmo institucional: el ascenso irresistible del Banco Central Europeo (BCE) como verdadero poder ejecutivo de la zona euro. En septiembre, su gobernador, Mario Draghi, presentó un plan de compra ilimitada de bonos de deuda soberana. Poco importa que este plan no se haya puesto en marcha o que acarree unas durísimas condiciones: el anuncio de su simple existencia y su puesta a disposición alejan el fantasma de la bancarrota de un Estado, por lo que han tenido un gran y duradero impacto sobre los mercados. De hecho, desde que Draghi adelantara los planes del BCE en julio pasado hasta enero de 2013, la prima de riesgo española ha pasado de 638 puntos básicos a 345. El plan del BCE ejerce un poco el papel de la bomba nuclear en la Guerra Fría: no hace falta usarlo, sólo tenerlo y que todo el mundo sepa que se está dispuesto a pulsar el botón en caso de necesidad.

Tres meses más tarde, en diciembre, los jefes de Estado europeos llegaban a un acuerdo que dará al BCE el poder de control sobre la inmensa mayoría de los bancos europeos a partir de marzo de 2014. Los últimos meses del año, con el caso de Bankia y las pruebas de la desastrosa gobernanza del sistema de cajas de ahorros, sin olvidar las denuncias de los inspectores del Banco de España de que, durante años, sus advertencias cayeron en saco roto, ha quedado demostrado que en España ha existido un gravísimo problema de regulación del sistema financiero. Por supuesto, problemas similares existen en la mayoría de los países de la zona euro, por lo que la instauración a nivel europeo de un sistema centralizado, tecnocrático y despolitizado de regulación y vigilancia del sistema bancario europeo es un gigantesco paso adelante. No hay que olvidar que los Estados europeos han destinado, desde 2008, 1.6 billones de euros a salvar sus bancos y que se ha establecido un sistema de vasos comunicantes entre la deuda de los bancos y la de los Estados, de modo que no sólo el ciudadano llano paga los excesos de los banqueros, sino que además el margen de maniobra de los Estados ha quedado fatalmente mermado. Este nuevo sistema europeo establece que será el Mecanismo Europeo de Estabilidad el que financiaría un eventual rescate decidido por el BCE, por lo que los Estados quedarán liberados de ese enorme peso en futuras crisis.

Sin embargo, este gran avance lleva la impronta inequívoca de las negociaciones diplomáticas de las que es producto. Sin ninguna justificación técnica o legal, aunque de manera harto previsible, la totalidad del sistema bancario británico queda fuera del control del BCE. Más sorprendente es que Alemania haya conseguido escamotear a este control su red de cajas de ahorros regionales, es decir, la mayoría de su sistema bancario. Hace mucho años que los analistas internacionales ven en estas cajas los mismos defectos que en sus homólogas españolas, en particular la imbricación con los partidos políticos, que lleva a decisiones con fundamentos más políticos que financieros. Reforzado por la buena salud económica del país, Berlín ha preferido no mostrar a Frankfurt lo que esconde bajo la alfombra; razón de más para pensar que se trata de una bomba de relojería.

Mucho le debe pues la zona euro, y España en particular, al señor Draghi, a su firmeza, a su valentía y a sus cualidades de negociador. Tras su llegada en Noviembre de 2011 al puesto de gobernador, la elección de François Hollande en Mayo de 2012 trastocó el equilibrio en la cumbre a favor de cambios en el sistema que permitieran asistir a los países que más sufrían la crisis de la deuda, aquello que los alemanes llaman la "colectivización de la responsabilidad." Como si nosotros, los países del Sur, no fuéramos ampliamente "responsables" de su prosperidad.

Pero no olvidemos otra evolución de calado: desde el 1 de Enero de 2013, está en vigor el conocido como Pacto Fiscal, cuyo nombre oficial es Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza, cuya negociación empujó al gobierno de Zapatero a revisar la Constitución en pleno verano de 2011. Desde su adopción, las políticas de austeridad han quedado inscritas en el mármol, por mucho que el texto (otro producto de la fábrica diplomática) esté plagado de excepciones, matices, retrasos y filtros. Se ha entregado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuyas sentencias tienen fuerza de ley, el papel de asegurar el respeto de la regla del déficit cero y se han establecido multas que pueden alcanzar el 0.1% del PIB del país afectado. Todo indica que la flexibilidad de los primeros años del euro, en los que nadie tuvo problemas para saltarse las reglas, se va a acabar y que, a largo plazo, el Pacto Fiscal tendrá un impacto profundo en las políticas fiscales de los Estados de la zona euro. A corto plazo, en cambio, la austeridad no parece necesitar el sostén de tratados internacionales: reina con mano de hierro, sin la menor oposición.

Un año, pues, en el que se ha dado al fin un paso decisivo hacia una mayor solidaridad, al mismo tiempo que se ha insistido en la sacralización de la austeridad.

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