Los nuevos grupos criminales surgidos en Colombia de las bandas paramilitares desmovilizadas, integrados por al menos 4.000 miembros, "cometen gravísimas atrocidades" en el país, informó ayer en Bogotá la ONG Human Rights Watch (HRW).

Durante la presentación en Bogotá del informe Herederos de los Paramilitares. La nueva cara de la violencia en Colombia, el director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco, dijo que esos ataques son "generalizados".

Se trata de los grupos surgidos tras la desarticulación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre 2003 y 2006, mediante un proceso de diálogo con el Gobierno que llevó a la desmovilización de unos 30.000 combatientes.

Algunos de sus principales jefes, responsables de miles de asesinatos, fueron posteriormente extraditados a Estados Unidos para ser juzgados por acusaciones de narcotráfico y allí siguen encarcelados.

"Los grupos sucesores cometen habitualmente masacres, ejecuciones, desplazamientos forzados, violaciones sexuales y extorsión, y generan un clima amenazante en las comunidades que están bajo su influencia", asegura el documento de HRW, de 126 páginas y elaborado tras dos años de investigaciones sobre el terreno.

Vivanco dijo que "independientemente de cómo se llame a estos grupos -paramilitares, bandas criminales u otra denominación- no debe minimizarse el impacto que tienen actualmente para los derechos humanos en Colombia".

"Al igual que los paramilitares, estos grupos sucesores cometen gravísimas atrocidades y deben ser detenidos", afirmó el director de esta ONG con sede en Washington.

HRW determina que estas nuevas bandas de delincuentes actúan en 24 de los 32 departamentos del país, con especial énfasis en la ciudad de Medellín (noroeste), la región del Urabá, en el norteño departamento provincial del Chocó, y en los del Meta (centro) y Nariño (suroeste).

"Las cifras más conservadoras, usadas por la Policía Nacional de Colombia, indican que los grupos cuentan con más de 4.000 miembros", según el informe.

Asimismo asegura que "reclutan activamente a nuevos miembros y, pese a la captura de algunos de sus jefes, actúan con rapidez para reemplazar a estos mandos y ampliar sus zonas de operación".

Human Rights Watch recuerda que "el Gobierno tiene obligaciones jurídicas de proteger a los civiles frente a las agresiones, prevenir abusos y garantizar Justicia".

Pero advierte que "el Gobierno no ha asegurado que las unidades de policía encargadas de combatir a estos grupos ni los fiscales responsables de investigarlos cuenten con recursos adecuados".

El Gobierno colombiano del presidente Álvaro Uribe "ha abordado el surgimiento de los grupos sucesores con una actitud pasiva e incluso minimiza el problema", manifestó Vivanco.

Mientras tanto, tres ex paramilitares de las AUC admitieron ayer que un capitán del Ejército ordenó matar a dos menores de edad para eliminar a los testigos de la conocida como la matanza de San José de Apartadó.

El integrante del Frente Héroes de Tolová de las AUC, Henry De Jesús Palomino, admitió que la matanza fue perpetrada por un comando conjunto de paramilitares adscritos a la Brigada 17 del Ejército y un grupo de paramilitares.