El adiós del Reino Unido a la UE el viernes aboca a los ciudadanos comunitarios en este país y a los británicos en los Veintisiete a un futuro sin certezas pese al acuerdo del Brexit.

Al 89,53% de los comunitarios les preocupa la ausencia de un documento físico que verifique su situación legal

Tres años y medio después del referéndum de 2016, que puso patas arriba la agenda política continental, persiste una palpable fractura en la sociedad británica y en los debates sobre inmigración e identidad

Tras encontrarse varias veces al borde del abismo, Londres y Bruselas sellaron un pacto que recoge la protección de los derechos de los ciudadanos, unas garantías, para ambas partes, prioritarias.

El acuerdo de salida alcanzado entre la UE y el Gobierno de Londres protege a los ciudadanos que estén residiendo en el Reino Unido, en el caso de los europeos, o en un Estado miembro, en el caso de los británicos, para cuando concluya el periodo de transición, previsto para el 31 de diciembre de 2020. A ellos se les podrán unir en el futuro sus parejas, padres, abuelos, hijos, nietos y personas con las que tengan una relación estable y duradera.

Sobre el papel, estos ciudadanos tendrán garantizado legalmente su derecho a "vivir, trabajar o estudiar" en su país de acogida, y mantienen su acceso a asistencia sanitaria y beneficios sociales como paro o pensiones, que podrán recibir en otro Estado miembro en condiciones idénticas a las que disfrutan ahora como socios europeos.

También podrán optar por ley al empleo y a registrarse como autónomos, y se mantienen los reconocimientos de cualificaciones profesionales acordadas en el pasado o que estén en proceso a ambos lados del Canal de la Mancha.

Pese a la aparente simplicidad de los términos del acuerdo, el embrollo burocrático y legal del Brexit se ha cebado con los comunitarios que viven en el Reino Unido y los británicos repartidos por el continente, convertidos en moneda de cambio por los políticos.

De los 3,8 millones de europeos que residen en este país, casi un millón sigue aún sin poner en regla su estatus legal. Para ello deben solicitar el llamado estado de asentamiento -settled status-, disponible para aquellos que llevan un mínimo de cinco años consecutivos en el Reino Unido, mediante un proceso on lin. Según la Oficina Nacional de Estadística, el número de solicitantes alcanzó los 2,7 millones, de los que 2,5 recibieron el visto bueno. Apenas seis con historial delictivo han sido rechazadas.

Hasta 1,3 millones de ciudadanos británicos viven en otro país de la UE, lo que sitúa al Reino Unido, según datos de Naciones Unidas en 2017, como el quinto país del club comunitario con más nacionales habitando en otro Estado miembro, tras Polonia, Rumanía, Alemania e Italia.

Para mantener el estatus que garantiza el acuerdo tras el periodo de transición, los nacionales británicos deberán solicitar un permiso de residencia permanente al que podrán optar tras cinco años viviendo en su país de acogida siempre que esa estancia comenzase antes del fin de la transición.

La situación en la que se encuentren los británicos que quieran irse a vivir a un país europeo tras ese periodo no está recogida en el acuerdo de retirada.

En cualquier caso, éste no garantiza que tras tener el permiso de residencia en un país europeo un británico pueda ir a vivir y trabajar en otro, una de las cuatro grandes libertades que garantiza la UE y a las que renuncia el Reino Unido con su marcha.

El analista del centro de estudios Open Europe Pieter Cleppe resume que los derechos de los ciudadanos "apenas sufren cambios" si estos se instalan en el país de acogida antes del final del periodo de transición, pero advierte de que, para los que lleguen después, todo dependerá de los términos de la futura relación que empieza a negociarse este año.

Según un reciente sondeo a cargo de la Universidad de Northumbria, un 89,53% de los comunitarios en el Reino Unido está "preocupado" por la ausencia de un documento físico que verifique su situación legal tras la salida.

Los expertos anticipan que el Brexit conllevará una fase de "incertidumbre" para esas personas. Temas acuciantes como el acceso a servicios sanitarios, las pensiones o cuál será el nuevo sistema de inmigración están en el aire.