Una semana después del primer despertar marroquí con las manifestaciones de protesta del 20 de febrero, el aire del país rezuma un aroma de normalidad aparente. En Beni Makada, un suburbio popular de Tánger, un millar de personas deambulaba el pasado fin de semana por la plaza principal sin saber qué gritar ni hacer. Cuatro furgones de la Gendarmería Real, incluidas las fuerzas antidisturbios, observaban atentamente a los concentrados. La marcha no llegó a arrancar. Sólo un par de veces el pelotón de hombres se atreve a entonar algo. Hay miedo y el silencio es tajante.

Ya lo había advertido el ministro del Interior Taieb Cherkaoui. Sin autorización gubernamental previa, toda manifestación pública queda fuera de la ley. Y el pasado viernes, el titular de Interior no había recibido solicitud alguna. Sólo grupos de centenares de valientes osaron en varias ciudades marroquíes retar a las autoridades locales y concentrarse durante el fin de semana. El secretismo de los organizadores en las vísperas no presagiaba una convocatoria masiva. Con todo, el despliegue policial se redoblaba en las zonas sensibles de las principales ciudades. Día y noche los policías vigilan.

En Rabat, medio millar de personas, la mayoría jóvenes líderes del Movimiento del 20 de febrero, se concentraban sábado y domingo junto al Parlamento. Los lemas eran similares a los de una semana atrás: disolución de la Cámara, reforma constitucional y una Monarquía con poderes limitados. En Casablanca, unas 2.000 personas salieron igualmente el sábado para protestar. En Khenifra se reúne un centenar de valientes, sábado y domingo.

¿Se ha desvanecido el espíritu del 20 de febrero? ¿O se trata de un período de transición que busca reorganizarlo? Fuentes cercanas a la organización apuntan a que ya existe una fecha, a mediados de abril, para una nueva convocatoria masiva. Varios hándicaps lastran al movimiento: una ciudadanía desmovilizada, el miedo a la intervención policial, así como la buena prensa del rey Mohamed VI. El 20 de febrero tiene pendiente difundir sus propuestas y convertir el descontento en intergeneracional e interclasista.

Lo cierto es que, pese el empeño por proclamar la normalidad por parte de las autoridades marroquíes, algo ha cambiado en el país vecino. Diversos miembros del Ejecutivo hablan durante días de que están abiertos a atender las demandas de la juventud marroquí. Mientras, continúa la campaña de descrédito por parte de la prensa marroquí con la clara intención de vincular el movimiento de protesta con actos vandálicos juveniles y azuzar el miedo. Cherkaoui presenta a las fuerzas de seguridad como víctimas al asegurar que casi todos los heridos en la jornada del 20 de febrero fueron agentes policiales. Las televisiones públicas Al Oula y 2M vuelven a practicar el vacío informativo y obvian cualquier imagen de las concentraciones.

El rey, según varios medios locales, prepara una inminente reforma gubernamental. Abbas el Fassi, primer ministro, tiene sus días contados. Su clan, los Fassi, que copa varios cargos de responsabilidad ministerial -incluido su sobrino Fassi Fihri, titular de Exteriores- fue objeto de las críticas más agrias en las protestas. El nombre del tecnócrata Mustafa Terrab, director de la Oficina Nacional de Fosfatos, gana cuerpo. Según el semanario crítico Lakome, el rey habría accedido en privado a ceder parte de sus atribuciones, pero "sin presiones". Algo ha cambiado en Marruecos.