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Los días más amargos de Berlusconi

  • Un juez considera al primer ministro italiano "corresponsable de corrupción" por el caso Fininvest · El Constitucional analiza desde hoy la ley que da inmunidad a los cuatro mayores cargos del Estado

El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, es "corresponsable de la corrupción" que llevó a su grupo Fininvest a hacerse con el control de la editorial Mondadori, por la que ahora la sociedad del mandatario deberá pagar casi 750 millones de euros al conglomerado CIR.

Así lo asegura el juez Raimondo Mesiano, del Tribunal Civil de Milán, en las motivaciones de la sentencia, hechas públicas ayer, de la millonaria sanción económica que dictó el sábado contra Fininvest por resarcimiento de los daños patrimoniales causados a CIR al no poder alcanzar el control de la editorial más importante del país.

El magistrado justifica su decisión de hacer pagar tan elevada cantidad de dinero al grupo de Berlusconi por el "principio de responsabilidad civil de las compañías de capital por el hecho ilícito de su representante legal o administrador cometido en la actividad gestora de la misma sociedad".

El Tribunal Civil de Milán ha condenado a Fininvest a pagar 749.955.611,93 euros a CIR, hecho que tuvo una inmediata reacción por parte del grupo de Berlusconi, que aseguró que recurrirá la condena y que siempre operó "con la máxima corrección".

Los hechos se remontan a principios de los 90, cuando el grupo de Berlusconi y CIR, de Carlo de Benedetti, ambos accionistas de Mondadori, recurrieron a un tribunal para que decidiera quién tenía derecho a quedarse con las acciones de la familia Formenton, herederos del histórico dirigente de la editorial, Arnoldo Mondadori, que daban el control de la empresa.

En 1990 el tribunal decide que el acuerdo al que Benedetti había llegado con la familia antes de que ésta cambiara de opinión a favor de Berlusconi era el que tenía validez, decisión que fue recurrida por Fininvest, a quien un juzgado de Roma dio la razón en 1991.

Posteriormente el caso se reabrió por la vía penal para averiguar si había habido irregularidad en el proceso y el ex abogado del primer ministro, Cesare Previti, fue condenado a prisión en 2007 por el Tribunal Supremo por sobornar a uno de los jueces que se hicieron cargo del asunto, mientras que Berlusconi salió indemne.

Mesiano indica que es "absolutamente impensable" que el que era representante legal del grupo no supiera del ingreso de una cantidad de dinero utilizado para sobornar a un juez y que concediera a la sociedad de Berlusconi el control de la editorial.

Por otro lado, el Tribunal Constitucional de Italia estudiará desde hoy el controvertido Laudo Alfano, la ley aprobada en el Parlamento en el verano de 2008 y que otorga inmunidad a los cuatro mayores cargos del Estado. El Laudo Alfano debe ser ratificado por el Constitucional, después de que su entrada en vigor detuviera el proceso judicial abierto contra Berlusconi por el caso del abogado inglés David Mills, condenado en febrero a 6 años y 4 meses de cárcel por haber mentido a cambio de dinero en un juicio contra el mandatario.

Desde entonces, muchas son las voces que se han alzado contra esta controvertida norma, que llega hoy a su momento decisivo, cuando se empieza a debatir si el jefe del Gobierno, el presidente de la República y los titulares de la Cámara Alta y Baja pueden gozar o no de inmunidad judicial.

Su derogación supondría la posibilidad de que la imputación de Berlusconi en el proceso por el caso Mills, por supuesta corrupción, pudiera seguir adelante.

El análisis del Laudo Alfano, norma que recibe el nombre del actual titular de Justicia, Angelino Alfano, llega en el peor de los momentos para Berlusconi, cuando, además, su partido, el Pueblo de la Libertad (PDL), denuncia un auténtico acoso y derribo contra el mandatario, por el que se plantean salir a la calle a manifestarse.

El pasado 16 de septiembre, la prensa italiana filtraba el contenido del texto presentado por la Abogacía del Estado ante el Constitucional para exigir, en base a "daños irreparables", que no se derogue el Laudo Alfano, que establece también la suspensión de los procesos penales anteriores a la llegada al cargo. El Estado se basa en que, si se derogase, "se provocarían daños a los cargos electivos, que no podrían ser ejercidos con el compromiso debido, pudiéndose producirse, incluso, dimisiones".

La Fiscalía de Milán considera, por su parte, que el Laudo Alfano es inconstitucional porque viola la igualdad de los ciudadanos ante la ley y es una norma que no fue introducida en el ordenamiento con el procedimiento de modificación constitucional que habría requerido por su naturaleza.

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