El violento desalojo policial de un campamento de inmigrantes en la simbólica Plaza de la República de París se ha convertido en un asunto de gran calado político que, ante las críticas recibidas, ha llevado al ministro del Interior a pedir una investigación interna sobre la actuación de los agentes.

Los vídeos y fotografías de lo sucedido no tardaron en hacerse virales en las redes: las fuerzas del orden desmantelaron las más de 500 tiendas de campaña instaladas tirando al suelo a quienes dormían en su interior y sin aparentes miramientos ni hacia sus integrantes ni hacia los periodistas.

La asociación Utopia 56 denunció en Twitter que tanto las tiendas como las 1.000 mantas distribuidas a esos inmigrantes y demandantes de asilo habían sido ofrecidas por colectivos humanitarios gracias a donaciones ciudadanas.

El grupo había sido desalojado la semana pasada del suburbio parisino de Saint-Denis y, evacuado de nuevo por la Policía entre enfrentamientos y gases lacrimógenos, tuvo que volver la noche del lunes a ese municipio de las afueras de la capital francesa.

El ministro del Interior, Gérald Darmanin, avanzó la noche del lunes que había solicitado examinar los sucesos y, tras la recepción de ese informe, este martes añadió que ha pedido a la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN) que en un máximo de 48 horas esclarezca "varios hechos inaceptables".

Este polémico desalojo se presenta como un nuevo pulso entre la Alcaldía de París y el Ejecutivo sobre la gestión del alojamiento disponible para inmigrantes y refugiados, a los que según la regidora municipal, la socialista Anne Hidalgo, no se puede evacuar sin un "diagnóstico social previo" y sin hacerse cargo de los vulnerables.

Hidalgo condenó "con fuerza" una actuación policial que "conduce a una precarización creciente de los refugiados, a su puesta en peligro mediante el uso sistemático de la fuerza y a la negación del deber humanitario".

Organizaciones como Amnistía Internacional elevaron su reproche reclamando una comisión de investigación sobre las violaciones de los derechos de los inmigrantes y refugiados y recalcaron que si esas imágenes sorprenden es porque reflejan "una realidad, la de las prácticas policiales abusivas".

Las críticas procedieron de una amplia representación del abanico político, unas alertando de la deriva "liberticida" del Gobierno y otras pidiendo mayor firmeza.

El debate osciló en torno a la actuación policial el mismo día en que los diputados votaban en la Asamblea Nacional la proposición de ley de Seguridad Global, uno de cuyos artículos prevé sanciones si se difundan imágenes de policías que los pongan en peligro.