El Senado brasileño se pronunció por una clara mayoría en favor de la continuidad del proceso contra la presidenta suspendida, Dilma Rousseff, lo que la pone frente a un juicio final que será celebrado a finales de este mes.

En una sesión que se prolongó durante unas 16 horas y dirigida por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski, como garante constitucional del proceso, el Senado aprobó por 59 votos a favor y sólo 21 en contra un informe que recomienda destituir a Rousseff, acusada de graves irregularidades fiscales.

Esa decisión llevará a una última sesión, que será convocada para finales de agosto, en la que Rousseff será despojada de su mandato si así lo decide una mayoría calificada de 54 votos, que representan dos tercios del pleno del Senado y que sus adversarios probaron que ya tienen prácticamente consolidada. La fecha de ese juicio final deberá ser establecida por la Corte Suprema, que ha calculado que la sesión durará entre tres y cinco días, ya que en esa fase definitiva volverán a ser escuchados testigos de la defensa y de la parte acusadora.

Si Rousseff fuera destituida, el mandato que vence el 1 de enero de 2019 será completado por Michel Temer, quien hasta el 12 de mayo pasado ocupaba la Vicepresidencia y la sustituye de forma interina desde esa fecha, cuando se instauró el proceso y fue suspendida de sus funciones.

Pese a que la Corte Suprema había previsto que la sesión, que comenzó el martes y concluyó entrada la madrugada del miércoles, duraría al menos unas 20 horas, el trámite se abrevió gracias a un acuerdo con parlamentarios que aceptaron renunciar a su derecho de palabra. De esa manera, el presidente del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), Aecio Neves, se pronunció en nombre de los otros 10 senadores de esa formación para declarar su apoyo al proceso.

Neves, derrotado por Rousseff en las elecciones presidenciales de 2014 por apenas tres puntos porcentuales, afirmó que el proceso ha demostrado la veracidad de la denuncia sobre la "irresponsabilidad" de la mandataria que hizo en aquella campaña. "El país constata ahora lo que dijimos en 2014", pero también "quiere que aquellos que cometieron crímenes respondan por ello", así se trate de "la presidenta de la República, que no puede estar por encima de la ley", declaró.

Rousseff, según fuentes de su entorno, acompañó la sesión por televisión desde el Palacio de la Alvorada, la residencia oficial de la Presidencia que aún ocupa y que ha convertido en el "fortín de la resistencia al golpe", como califica el proceso.

Durante toda la jornada que el Senado dedicó a la votación del informe que recomienda su destitución, Rousseff sólo rompió el silencio a través de las redes sociales, en las que agradeció la "solidaridad" del senador estadounidense Bernie Sanders, quien afirmó en un comunicado que está "profundamente preocupado por los esfuerzos para alejar del poder a la presidenta elegida democráticamente".