El Gobierno polaco sigue adelante con su reforma judicial a pesar de la oposición de la presidenta del Tribunal Supremo, de las protestas ciudadanas y de las críticas de la Unión Europea, a la que reitera que la estructura de la justicia es una competencia interna de cada país.

A lo largo de todo el día hubo manifestaciones contra la reforma ante el Supremo, en Varsovia, y ante tribunales de todo el país, bajo el lema "En defensa de la legalidad constitucional, contra la reforma judicial del Gobierno del partido nacionalista Ley y Justicia".

El primer ministro sostiene en Estrasburgo que cada país puede configurar su Justicia

El día comenzó con protestas junto al alto tribunal a la llegada de su presidenta, Malgorzata Gersdorf, quien desafió al Ejecutivo presentándose en su puesto de trabajo. Poco después el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, defendía ante la Eurocámara el derecho de cada país a configurar su sistema judicial "según sus tradiciones", después de que la UE abriera un procedimiento de infracción a Polonia por la reforma del Supremo. Morawiecki puso de relieve que la estructura judicial de Polonia no ha cambiado desde el comunismo y recordó que algunos de los principales jueces polacos se mantienen en su puesto desde el citado régimen.

La asistencia de Gersdorf a su puesto de trabajo supuso un desafío a la nueva ley, que desde el día anterior fuerza su renuncia y la de casi de la mitad de los magistrados de este tribunal, algo que Bruselas califica de ataque al estado de Derecho. "He venido para defender la legalidad", dijo la magistrada a su llegada al edificio, arropada por cientos de personas que la felicitaban por su entereza ante la polémica reforma.

La nueva ley del Gobierno polaco sobre el Tribunal Supremo rebaja la edad de jubilación de los jueces de 70 a 65 años, lo que obligaría a retirarse a 27 de los 72 que componen este órgano, incluida la propia Gersdorf.

La ley establece que los jueces que deseen continuar en el cargo deberán expresarle su voluntad de hacerlo al presidente polaco, Andrezj Duda, vinculado al partido gobernante, la fuerza nacionalista Ley y Justicia, quien podría renovarles su mandato por tres años más.

Gersdorf, quien se negó a pedir a Duda una extensión de su mandato, afirmó que la Constitución polaca avala su mandato al frente de la institución hasta 2020 y, por tanto, éste "no puede ser suprimido o modificado por una ley de categoría inferior" como la norma que reforma el Supremo.

Desde Estrasburgo, Morawiecki respondió subrayando que la reforma se ha hecho de acuerdo a la Constitución y, por tanto, debe ser acatada.

Por su parte, el juez Jozef Iwulski, quien ha sido señalado como posible candidato a reemplazar a Gersdorf, echó ayer balones fuera y afirmó que no es su sucesor, sino "sólo su sustituto mientras ésta esté ausente".

La Comisión Europea también se opone a esta reforma, considerada como un ataque a la división de poderes y al estado de Derecho, lo que ha llevado a abrir un nuevo procedimiento de infracción contra Polonia. Bruselas ya activó meses atrás el artículo 7 del Tratado Europeo contra Polonia, al entender que sus reformas, entre ellas esta de la Justicia, menoscaban los valores europeos y la democracia, lo que podría llevar a Polonia a perder su derecho de voto en la Unión Europea.