El ministro francés del Interior, Manuel Valls, reiteró sus declaraciones sobre los gitanos, que han levantado una gran polémica en Francia incluso en el seno del Gobierno y del Partido Socialista que lo sustenta. "La mayoría (de los gitanos) debe ser llevados hasta la frontera (...) Nuestro papel no es acoger a estas poblaciones", aseguró Valls en la televisión BFMTV. Valls hizo estas declaraciones al día siguiente de haber afirmado que "los gitanos deben regresar a Rumanía y a Bulgaria", donde tienen que hacer "esfuerzos para su integración".

Varias figuras del Partido Socialista e, incluso, del Gobierno, consideraron erróneas esas palabras de Valls, que estigmatizan a la población gitana. El ministro de Industria, Arnaud Montebourg, consideró en BFMTV que las declaraciones de Valls fueron "excesivas" y que debían ser "corregidas".

Pero el titular de Interior respondió a su colega de gabinete que "no hay nada que corregir" y que sus declaraciones "solo molestan a los que no conocen el asunto". Valls insistió en que hay que proseguir desmantelando los campamentos de gitanos que hay en diversas ciudades francesas porque "suponen un problema para los vecinos y para los que los ocupan", desde el punto de vista "sanitario y de seguridad". Diversas organizaciones humanitarias y judiciales, como la Liga de Derechos Humanos o el Sindicato de la Magistratura, tacharon las declaraciones de Valls de "intolerables" y consideraron que "estigmatizan a un segmento de la población". Al tiempo, indicaron que contribuyen a identificar de forma "infundada" a "los culpables por sus orígenes étnicos".

La polémica sobre las declaraciones de Valls se produce a seis meses de las elecciones municipales en Francia, en las que, según los sondeos, el ultraderechista Frente Nacional tendrá un resultado histórico haciendo campaña sobre la seguridad y en contra de los extranjeros. La comisaria europea de Justicia, Viviane Reding, achacó la polémica a la proximidad de las municipales y acusó a Francia de no hacer el trabajo de integración pese a contar con una ayuda europea para ello. "Existen unas reglas europeas, firmadas por Francia, de libre circulación de ciudadanos europeos. Y no son gitanos, son individuos. Solo una decisión de justicia puede permitir su evacuación si han hecho algo que va contra las leyes del Estado", indicó Reding.

La eurocomisaria, que se mostró ya muy crítica en 2010 contra el entonces presidente francés, Nicolas Sarkozy, por su política de expulsión de gitanos, reveló que Europa ha puesto a disposición de los Estados 50.000 millones de euros para la integración de esta población pero que "no son utilizados". "No se hace el trabajo de integración. Hemos puesto el dinero encima de la mesa, debería de servir a los alcaldes y no es usado", señaló.

La organización Amnistía Internacional (AI), por su parte, publicó un informe en el que destaca que Francia no respeta sus compromisos internacionales en términos de expulsión de gitanos. Según la organización, el ritmo de evacuaciones, que se había frenado ligeramente tras la llegada de los socialistas al poder, ha vuelto a acelerar en los últimos meses. "En el primer semestre de 2013, 10.174 gitanos han sido evacuados, un número récord desde 2010. Una vez expulsados, se encuentran sin un techo y se ven obligados a instalarse en otros campamentos", indicó el responsable de operaciones para Europa y Asia central de AI, John Dalhuisen.

Bruselas amenaza con medidas si no respeta el derecho de los gitanos a residir en el país

La Comisión Europea ha dejado claro a Francia que los ciudadanos rumanos y búlgaros gitanos tienen derecho a "residir donde quieran" dentro de la Unión Europea y "no sólo en el país de su nacionalidad" y ha amenazado con tomar medidas contra Francia si no respetan sus derechos de libre circulación y de residencia dentro de la UE. El portavoz comunitario Olivier Bailly ha dejado claro a Francia que tanto la libre circulación de personas en la UE como el derecho a residir en otro Estados miembro son un derecho "fundamental" de las personas, "sean rumanos, búlgaros o franceses", consagrado por norma comunitaria, aunque ha aclarado que para poder residir en otro Estado miembro "tienen que demostrar a los tres meses" que cuentan con "recursos financieros" para no suponer una "carga" social para el Estado miembro de residencia.

El portavoz ha aclarado que aunque Rumanía y Bulgaria no pertenecen al espacio europeo sin fronteras Schengen eso "no impide a los ciudadanos rumanos y búlgaros circular libremente en el resto de la Unión Europea", aunque sí están sujetos a "controles cuando penetran" en él, como ocurre con los británicos, cuyo país tampoco forma parte de ese espacio. "Si estas libertades inscritas en los Tratados, precisadas después por directivas, si estas normas de derecho no son respetadas evidentemente la Comisión utilizará los medios a su disposición", ha avisado Bailly, preguntado por las posibles sanciones contra Francia. La Comisión ya se enfrentó con el anterior Gobierno francés de Nicolas Sarkozy por su política de expulsión de gitanos rumanos y búlgaros hace tres años.

Asimismo, ha dejado claro que la "libertad de trabajar" en otro Estado miembro "también está prevista en los Tratados desde 1958" y ha recordado que las restricciones laborales negociadas en los Tratados de Adhesión de Rumanía y Bulgaria terminan el 1 de enero de 2014, fecha a partir del cual las restricciones laborales desaparecen en "todos" los países. Ocho Estados miembros todavía aplican restricciones laborales a rumanos y búlgaros: Alemania, Bélgica, Francia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Reino Unido y España, pero en su caso sólo a rumanos.

Respecto al desmantelamiento de campamentos gitanos en Francia, Bailly ha recordado que "no cae dentro de las competencias" de la Comisión y es algo que compete a los Estados miembros "considerar" en caso de problemas de orden público. El portavoz ha dejado claro el objetivo de Bruselas de que se hagan en base a un criterio "objetivo" y "no de discriminación". Además, ha recordado el compromiso de todos los Estados miembros con promover "la integración de los gitanos donde quieran residir y no sólo en el país de su nacionalidad" y que hay fondos europeos disponibles para ello, incluidos "más de 4 millones de euros" para 53 proyectos de inserción de gitanos en Francia. También ha lamentado "el tratamiento" a los gitanos en "ciertos Estados" porque "no son las condiciones que querríamos ver en Europa en el siglo XXI".