El Gobierno británico anunció ayer una legislación de emergencia para seguir vigilando internet y las llamadas telefónicas que ha alarmado a los defensores de los derechos civiles al considerarla una amenaza a la privacidad.

El primer ministro, David Cameron, dijo ayer que este proyecto de ley será presentado la próxima semana en el Parlamento para que sea aprobado por la vía rápida y justificó su aplicación en la necesidad de combatir el terrorismo y el delito organizado.

Con esta decisión, dada a conocer por Cameron y el viceprimer ministro, Nick Clegg, el Gobierno quiere que los servicios de seguridad sigan accediendo a los datos electrónicos y las comunicaciones y que las empresas de telecomunicaciones conserven la información de sus usuarios.

El Gobierno responde así a un dictamen de abril del Tribunal de Justicia de la UE que consideró ilegal una directriz comunitaria que obligaba a almacenar la información durante 12 meses.

Ante la posibilidad de que las empresas de internet y de telecomunicaciones empiecen a borrar la información de sus usuarios por temor a problemas legales, el Reino Unido optó por blindar los poderes de las fuerzas de seguridad para que éstas puedan seguir pidiendo a las empresas los datos que necesitan.

En la Cámara de los Comunes, la ministra de Interior, Theresa May, recalcó que se trata de mantener el statu quo y evitar perder información vital para luchar contra el terrorismo.

Sin embargo, las organizaciones defensoras de los derechos civiles levantaron la voz de alarma, sobre todo tras la polémica generada el año pasado cuando el ex analista de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) Edward Snowden reveló el alcance del espionaje masivo de EEUU y el Reino Unido.

La directora del grupo Liberty, Shami Chakrabarti, dijo ayer que se trata de una legislación destinada a "espiar a todos" y no sólo a los sospechosos de terrorismo.

También el Open Rights Group criticó al Gobierno al acusarle de utilizar la amenaza terrorista para sacar adelante una "ley de emergencia" que "infringe nuestro derecho a la privacidad".

El Gobierno dejó claro que el acceso a la información estará restringida a las fuerzas de seguridad y que la ley sólo será efectiva hasta 2016, un año después de los comicios generales.

La ley, conocida como Poderes de Investigación y Retención de Datos, no tendrá potestad para acceder al contenido de los correos o las llamadas, sino los detalles de las personas que han estado en contacto, la fecha y la hora en que se comunicaron.