Hong Kong se recupera de la conmoción que supuso el asalto sin precedentes al Parlamento del lunes, mientras Pekín pedía mano dura con los responsables, al igual que el Gobierno local, aunque éste se mostró dispuesto a "escuchar a todos los sectores", incluidos los jóvenes.

En una inusitada conferencia de prensa a las 04:00, hora local, la jefa del Ejecutivo hongkonés, Carrie Lam, comparecía ante los medios para condenar el "extremo uso de la violencia y del vandalismo" por parte de los manifestantes. Flanqueada por sus responsables de seguridad, Lam afirmó que su Gobierno "perseguirá hasta el final las conductas fuera de la ley", pero también dejó caer que ha "reflexionado" y dijo estar dispuesta a "escuchar a todos los sectores".

Pese a los millones de personas que se han manifestado en las últimas semanas, Lam no accedió a retirar el polémico proyecto de ley de extradición y sólo lo ha dejado en suspenso, lo que generó la ira de los manifestantes.

"Lam está en una posición muy delicada, Pekín ejerce mucha presión para que tenga una política de cero tolerancia y al mismo tiempo ella debe atender las demandas de los hongkoneses", comentó el profesor Jean-Pierre Cabestan, jefe del departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Baptista de Hong Kong. A su juicio, la pasividad de la Policía -que dejó a los manifestantes destrozar las puertas del Parlamento- "fue intencionada para dividir al movimiento prodemocrático y asustar a la gente con la inestabilidad".

La propia Lam se encargó de recalcar que se vivieron dos escenarios "completamente distintos": la manifestación pacífica y el asalto al Parlamento, que obligará a su cierre durante dos semanas.

Unas acciones estas últimas que la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao del Gobierno chino calificó de "muy violentas", al tiempo que mostró su apoyo a las autoridades hongkonesas para que "se encarguen del incidente con arreglo a la ley" e "investiguen la responsabilidad penal de los delincuentes violentos".