Representantes del Gobierno francés se reunieron ayer en Bruselas con miembros de la Comisión Europea para convencerles de la legalidad de la política implementada por París con los inmigrantes gitanos, que siguió sumando críticas. "Ha habido numerosas deformaciones y confusiones sobre este tema, lo que considero inaceptable", aseguró al término de la reunión el ministro francés de Inmigración, Eric Besson.

"Francia aplica la legislación de la Unión Europea en todos sus aspectos", añadió Besson, quien afirmó que los Gobiernos de Rumanía y Bulgaria, destino de los romaníes repatriados, le aseguraron que comparten esa visión.

"El logro europeo de la libertad de circulación es extraordinario pero no puede ser incondicional ni tampoco un pretexto para la realización de actividades ilícitas y, en particular, el tráfico de seres humanos", aseguró Besson tras reunirse con las comisarias europeas de Interior y Justicia, Cecilia Malmstrom, y Viviane Reding, respectivamente.

Del mismo modo, Besson defendió la compatibilidad de las deportaciones con el derecho comunitario, la legislación francesa e, incluso, con "los valores de la República" y añadió que se ha seguido "escrupulosamente" la letra de la ley.

El Gobierno de centroderecha del presidente Nicolas Sarkozy desató la polémica al desmantelar campamentos ilegales de gitanos y repatriarlos mediante un incentivo de 300 euros o con una orden de expulsión para aquellos considerados una amenaza al orden público.

La reunión tuvo lugar un día antes de que Reding presentase un informe sobre la legalidad de la política implementada por el país galo durante una reunión interna de comisarios comunitarios.

Su portavoz, Matthew Newman, calificó de "constructivo" el encuentro con los comisarios europeos, aunque advirtió que el Ejecutivo comunitario precisa "definitivamente más información" antes de pronunciarse. Newman también anunció que el informe de Reding no se hará público.

Por su parte, el secretario francés de Asuntos Europeos, Pierre Lellouche, acusó a Rumania de descuidar a su población gitana y de delegar el problema a otros socios europeos.

Prueba de ello, dijo, es que de los 4.000 millones de euros entregados por la UE a Rumania cada año, Belgrado gasta "no más de 80 millones" en programas sociales de integración para gitanos.

Pese a los esfuerzos de Besson y Lellouche, siguieron sonando voces críticas con las deportaciones, que en los últimos días generaron el rechazo de la Iglesia católica y de la ONU.

La secretaria de Estado francesa a cargo de políticas de la juventud, Fadela Amara, se mostró también contraria a las expulsiones y aseguró que estaba "convencida de que no hay un vínculo entre crimen e inmigración".

Amara se convirtió en el tercer miembro del gabinete de Sarkozy en mostrar dudas sobre el plan del presidente, después de que lo hicieran los titulares de Exteriores, Bernard Kouchner, y de Defensa, Herve Morin.