La Justicia francesa comienza hoy un juicio contra antiguos responsables de la Junta Militar chilena en un proceso calificado de "histórico", aunque simbólico, por los secuestros y desapariciones de cuatro ciudadanos franceses entre 1973 y 1975.

Los encausados, esencialmente ex militares de alta graduación que Chile no ha extraditado y que tienen ahora entre 59 y 89 años, están acusados de secuestros y torturas cometidas contra ciudadanos galos, por lo que la Justicia francesa es competente para procesarles sus presuntos crímenes.

El juicio, en el Tribunal de lo Criminal, se celebrará en ausencia de los acusados -que no han pedido estar representados legalmente- y terminará el próximo día 17 de diciembre.

Es entonces cuando se espera una sentencia, dictada por tres magistrados franceses y que podría incluir penas de cadena perpetua para los trece chilenos y el argentino reclamados por la Justicia.

En la cima de la cadena de mando dibujada por la acusación y examinada por el tribunal francés se sitúa el ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), la policía secreta del régimen, Juan Manuel Contreras, acusado de estar implicado en las cuatro desapariciones.

Los abogados de la acusación consideran que el juicio es la culminación del proceso que se inició en 1998 cuando el general Augusto Pinochet (1915-2006) fue detenido en Londres a petición del juez español Baltasar Garzón. El ex dictador, que falleció en 2006 sin llegar a ser juzgado al alegar demencia senil, formaba parte de la acusación original ante la Justicia francesa por "complicidad", al igual que otros cuatro presuntos responsables de los crímenes, también fallecidos.

No obstante, se trata del juicio post mórtem a Pinochet, que estuvo en el poder en Chile entre 1973 y 1990, y tiene un valor "histórico" porque ofrecerá "una fotografía judicial clara y precisa" de la "arquitectura de la represión chilena", explicaron los abogados de las familias de las víctimas.

Aunque lo normal es que los cargos de secuestro y tortura prescriban al cabo de diez años, el tribunal se declaró competente para juzgarles en virtud de una convención de las Naciones Unidas de 1992 evocada por los familiares de las víctimas. Ésta determina que se tratan de "crímenes continuos", que suspenden la prescripción hasta que se encuentren los cadáveres.