El Parlamento danés aprobó ayer una reforma de la política de asilo que incluye medidas polémicas como confiscar dinero y objetos de valor a los refugiados para costear su estancia y limitar la reagrupación familiar. La ley, una propuesta del Gobierno liberal en minoría y aprobada por 81 votos a favor, 27 en contra y una abstención, contó con el respaldo de sus tres aliados de centroderecha y del Partido Socialdemócrata, primera fuerza opositora, que suman casi tres cuartos de la Cámara.

La reforma ha estado rodeada por la controversia desde su presentación en noviembre, lo que ha obligado al Gobierno a cambiar dos veces la normativa sobre confiscaciones, práctica que ya emplean Suiza y varios estados federados alemanes como Baviera. La ley de las joyas, como ha sido bautizada por medios daneses, excluye en su forma final objetos "de valor afectivo especial" y triplica hasta 10.000 coronas (1.340 euros) el valor mínimo de otras pertenencias y de dinero en efectivo que pueden requisarse.

"El Gobierno no quiere quitarle sus joyas a los solicitantes de asilo", dijo ayer el portavoz liberal Jacob Ellemann-Jensen, que acusó a diputados de las formaciones de izquierda que han criticado la ley de perjudicar la reputación de Dinamarca en el exterior. Tanto Ellemann-Jensen como el portavoz socialdemócrata, Dan Jorgensen, defendieron la "necesidad" de la nueva ley, que reduce también las prestaciones a los peticionarios, para asegurar su integración y no poner en riesgo el sistema de bienestar danés.

El ultranacionalista Partido Popular Danés, primera fuerza del centroderecha, habló de "paso en la dirección correcta", pero pidió endurecer aún más las leyes y el control fronterizo para limitar sobre todo la inmigración de países musulmanes. "Nacionalismo enfermizo" y "día triste" fueron adjetivos usados por los opositores a la ley, mientras sus partidarios hablaban de "responsabilidad" y "equilibrio" en la política de asilo.

La nueva norma contiene 34 medidas -13 fueron adoptadas en noviembre-, como endurecer el proceso para obtener los permisos de residencia y que quienes reciban asilo temporal deban esperar tres años para solicitar la reagrupación familiar, en vez de uno como hasta ahora.

La ONU reclamó ayer "respeto" y "compasión" para los refugiados en respuesta a la polémica ley. "Gente que ha sufrido tremendamente, que escapó de la guerra y el conflicto, que literalmente ha caminado cientos o miles de kilómetros, que arriesgó su vida para cruzar el Mediterráneo debería ser tratada con compasión y respeto", dijo Stephane Dujarric, portavoz de Naciones Unidas.