El Gobierno de Ecuador buscaba ayer a los responsables de la sublevación policial que desembocó en el secuestro durante varias horas del presidente, Rafael Correa, quien apuntó como instigador al ex mandatario Lucio Gutiérrez.

Inmediatamente después de su liberación, en un operativo militar donde murieron al menos dos agentes, Correa anunció "una profunda depuración de la Policía Nacional" y dijo que "no habrá perdón ni olvido" para lo que definió como "un intento de golpe de Estado".

Decenas de militares mantenían acordonada ayer la sede presidencial en Quito. Los soldados armados con fusiles montaron un nutrido cerco alrededor del Palacio de Carondelet, en el centro colonial, e impedían el ingreso incluso de simpatizantes de Correa, que intentaban aproximarse para expresar su apoyo al mandatario socialista.

Por su parte, el comandante general de la Policía de Ecuador, Freddy Martínez, renunció ayer a su cargo y dijo en una rueda de prensa que sospecha que en las protestas de los policías hubo infiltrados. "Ayer fue un día lamentable, crítico, caótico. Hubo desorden por doquier, no se respetó al comandante general, al ministro del Interior y, por si fuera poco, al presidente de la república. Los policías, llamados a mantener el orden y la tranquilidad ciudadana, ayer provocamos desorden", dijo.

"Debo lamentar que en la salida del presidente hubo como resultado policías muertos, heridos, posiblemente habrá militares también heridos", señaló sin detallar cifras. "Un comandante no respetado, maltratado, agredido por sus subalternos, no puede quedarse al frente de ellos", subrayó, al tiempo de defender el derecho de la Policía a presentar sus reclamaciones, aunque reconoció que "equivocaron el camino".

"Me temo que posiblemente hubo infiltración de gente interesada en desestabilizar a la Policía y ahí encontramos a seudopolicías con la cara cubierta, escondiéndose en el anonimato, como lo hacen personas que están al margen de la ley, por lo que yo presumo que no fueron policías", indicó, aclarando que quienes protestaron fueron una minoría, pues en la institución hay 40.000 agentes, y destacó la profesionalidad de los policías del Grupo de Operaciones Especiales que, junto a fuerzas especiales del Ejército, rescataron a Correa del hospital.

Por otro lado, el fiscal de la Nación, Washington Pesántez, dijo que investigará "la conspiración urdida fuera de los cuarteles oficiales" que llevó a la sublevación.

"No se trató de una legítima reclamación salarial, sino de un claro ejemplo de conspiración", dijo Correa tras ser liberado por militares del hospital en el que permaneció casi todo el día de jueves retenido por policías sublevados que protestaban contra un proyecto de ley que reduce sus beneficios salariales. Según Correa, cuando intentó explicarles que les elevó los sueldos "como nunca antes", las tropas respondieron "no, eso lo hizo Lucio (Gutiérrez), sabiendo bien entonces quiénes estaban en esa conspiración", dijo.

El presidente también señaló que las personas sublevadas que entraron el jueves en las instalaciones de Ecuador TV, un canal público, con el objetivo de interrumpir las emisiones eran "bien conocidos allegados a los Gutiérrez".

Desde Brasilia, Lucio Gutiérrez descartó que tuviese algo que ver con la rebelión y responsabilizó al propio jefe de Estado de la crisis.

Además de apuntar culpables, el Gobierno hizo ayer balance de la operación militar de rescate del presidente. Fernando Gandarillas, portavoz de la Cruz Roja Ecuatoriana (CRE), confirmó la muerte de dos agentes, que fallecieron en el mismo hospital donde Correa estuvo retenido y del que fue liberado por un grupo de élite de la Policía adepto al Gobierno y de la Fuerza Terrestre del Ejército, en medio de un tiroteo con los sublevados.