La Junta para las Elecciones y la Inmunidad del Senado italiano comenzó ayer de modo efectivo el proceso que llevará a decidir si el ex primer ministro Silvio Berlusconi tiene que abandonar su escaño tras haber sido condenado en firme a cuatro años de prisión por fraude fiscal en el caso Mediaset.

Los 23 componentes de la junta, comisión encargada de dictaminar la idoneidad de los senadores para su cargo, empezaron ayer a abordar la legitimidad de Berlusconi como parlamentario, tras haber decidido a primeros de agosto aparcar esta cuestión hasta la vuelta de la pausa vacacional.

En estas semanas aumentó la incertidumbre en torno ya no solo al futuro político de Berlusconi, sino también sobre las consecuencias que pueda tener para la estabilidad del Ejecutivo de coalición de Enrico Letta, del que forma parte el partido de il cavaliere, el conservador Pueblo de la Libertad (PDL).

La Junta del Senado debe decidir si es aplicable a Berlusconi la llamada "ley Severino" del Ejecutivo de Mario Monti, aprobada en diciembre de 2012 y que establece la imposibilidad de presentarse a las elecciones o la expulsión del Parlamento de quienes hayan sido condenados en firme a penas superiores a dos años de cárcel.

Sobre la interpretación de esta norma se centra la decisión que deberá tomar la junta, toda vez que los abogados del ex primer ministro apelaron al Tribunal Europeo de Estrasburgo contra la aplicación de la "ley Severino" en base al artículo 7 del Convenio de Derechos Humanos, que establece la irretroactividad de las leyes penales desfavorables.

Los senadores del partido de Berlusconi afirman que la ley no puede aplicarse a il cavaliere, entre otros motivos, porque el alcance de su aplicación no afecta a hechos que tuvieron lugar cuando la norma aún no existía.

Según los medios italianos, que citaban a senadores presentes en la reunión de la junta (a puerta cerrada), el portavoz del PDL, Andrea Augello, planteó tres cuestiones previas a la defensa de Berlusconi que pidió analizar por separado, pero esto fue rechazado.

Entre esas cuestiones, la exigencia de que se pida un dictamen sobre la "ley Severino" al Tribunal Constitucional italiano y/o a la Corte de Justicia de la UE de Luxemburgo, para que, en el caso de esta última, se decida si la norma contraviene o no los principios del derecho comunitario.

Otro argumento es que, aunque la condena es de cuatro años, la pena aplicable queda reducida a uno en base a una ley de indultos de 2006, por lo que no llegaría a los dos años de la "ley Severino".

En cualquier caso, el PDL tiene como estrategia alargar al máximo los plazos del proceso de expulsión del Senado, aunque queda la cuestión de que la Corte de Apelación de Milán vuelva a calcular la inhabilitación para cargo público dictada contra Berlusconi, que en primera y segunda instancia fue de cinco años, lo que le haría abandonar su escaño.

Ayer, fuentes judiciales informaron de que el Tribunal de Apelación analizará desde el 19 de octubre el nuevo cálculo de inhabilitación por el caso Mediaset, que juzgaba la compraventa de derechos de transmisión de películas por 470 millones de euros con un supuesto aumento artificial del precio de los derechos para evadir dinero al fisco.

Más allá de las consecuencias para Berlusconi, todas las miradas están centradas en la supervivencia del Ejecutivo. La cuestión es saber si los senadores del Partido Demócrata (PD) de Letta permitirán la expulsión de Berlusconi y si esto conllevará que, como ya se amenazó, dimitan los ministros del PDL y esta formación haga que el Gobierno pierda la mayoría absoluta en la Cámara alta.

De momento, todo apunta a que, de los 23 senadores de la junta, 14 están a favor de la expulsión de Berlusconi, entre ellos los ocho miembros del PD, que se niegan a que se aplace este proceso.