Tras lograr cientos de condenas y procesamientos contra ex represores, abogados de derechos humanos adelantaron ayer en Chile que iniciarán una ofensiva para enjuiciar a los civiles que respaldaron políticamente la dictadura del general Augusto Pinochet.

La iniciativa abre un nuevo flanco en el país que más avanzó hasta el momento en la sanción a crímenes contra la humanidad, ocurridos en Latinoamérica entre 1970 y 1990, cuando decenas de miles fueron asesinados por sus ideas políticas, en el apogeo de las dictaduras en la región.

"Hay una serie de civiles que participaron en la implementación de las políticas represivas y nos interesa que sean llamados a tribunales a responder", declaró ayer el abogado Hiram Villagra.

La decisión, que podría afectar incluso a senadores activos de la derecha chilena, tomó fuerza después de que un juez ordenara procesar entre el lunes y hoy a 98 ex represores, con lo que el total de procesados por violaciones a los derechos humanos superó los 650 en el país.

El actual procesamiento masivo, además, podría traer efectos internacionales, pues está vinculado con la llamada Operación Colombo, iniciativa comunicacional desplegada en 1975 en Argentina, Brasil y Chile, para encubrir el asesinato de 119 opositores a la dictadura de Pinochet. La operación buscó implantar en la prensa la versión de que los ejecutados fallecieron por enfrentamientos entre ellos. "Se exterminaron como ratas", dijeron los diarios leales a la dictadura en esa época.

Además, el hito fue uno de los primeros antecedentes operativos de la Operación Cóndor, la coordinación represiva que mantuvieron las policías secretas del Cono Sur en esos años.

Pero los grupos de derechos humanos entienden que los aparatos represivos no actuaron en el desbande, sino que fueron dirigidos políticamente. Por ello, Villagra apuntó ayer la responsabilidad en la Operación Colombo de los asesores de prensa de la dictadura, en especial a Federico Willoughby, a quien acusó de montar la información junto a los editores de los medios nacionales. Paradójicamente, Willoughby fue luego asesor del presidente Patricio Aylwin, el hombre que lideró el proceso de reconstrucción de la democracia a partir de 1990.

Su caso no es aislado y testimonia que un gran número de políticos leales a la dictadura continuaron activos tras el retorno a la democracia, defendiendo los "logros" del régimen militar y abrazando en público al dictador.

El enjuiciamiento a los civiles obligaría a la presidenta, Michelle Bachelet, una ex presa política, a tomar decisiones de fondo, toda vez que por ley el propio Ministerio del Interior actúa como querellante en los casos de derechos humanos. Y sería difícil negociar en el Congreso con la derecha, cuando al mismo tiempo se persigue a sus líderes y, menos aún, en años marcados por comicios municipales y presidenciales, como 2008 y 2009.