Georgina, una vecina del barrio habanero de San Miguel del Padrón, inició hace dos años gestiones para legalizar la propiedad de una casa. Tras un largo vía crucis, que la propia prensa cubana describió como la "cronología de un suplicio", su trámite quedó en nada: "el expediente sigue archivado, sin firmar, y yo sin legalizar la vivienda".

Desde que en julio de 2009 contrató a una abogada, Georgina escribió varias cartas, visitó oficinas y conoció a viejos y nuevos funcionarios, pero nunca pudo romper la muralla burocrática, sea porque "el director se accidentó", porque los papeles estaban "mal hechos" o porque necesitaba "un nuevo examen psicosocial".

Pero su odisea, difundida por Juventud Rebelde, órgano de la Juventud Comunista, no es una excepción en el mar burocrático que al que se enfrentan los cubanos desde hace medio siglo a la hora de buscar un lugar donde vivir o poner en orden los papeles de su casa.

"Aquí es común que los abuelos vivan con sus hijos y con sus nietos, tres generaciones metidas en la misma casa, o que una pareja divorciada conviva, muy a su pesar, bajo el mismo techo, porque ni el hombre ni la mujer encuentran donde mudarse", dice Carmen, una profesional recién graduada que vive con sus padres.

De ahí la gran expectativa que ha despertado la reforma anunciada por el Gobierno de Raúl Castro, en el marco de la "actualización" del modelo socialista vigente en la isla, que permitirá por primera vez desde el triunfo de la revolución en 1959 la compraventa de viviendas entre particulares residentes o emigrados.

El propio Gobierno ya había admitido hace meses que las autoridades de todas las instancias de la Administración deberían revisar 188 disposiciones legales vigentes relacionadas con el tema, "la mayoría de las cuales establecen prohibiciones de carácter administrativo", para poner en marcha la reforma el próximo día 10.

Las prohibiciones no impidieron, sin embargo, que los cubanos pudieran resolver sus problemas de vivienda por "la vía izquierda" o "por la libre", es decir, mediante compraventas ilegales. El propio diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista, admitió que la maraña burocrática y la infinidad de reglamentos propiciaron "ilegalidades y corrupción".

Hasta ahora la única manera legal de cambiar vivienda en Cuba era el intercambio, un sistema que requiere no sólo de intrincadas gestiones burocráticas, sino de que los interesados puedan adecuar la oferta o la demanda a sus intereses. "Permuto casa por departamento", "permuto departamento grande por dos pequeños", son los letreros que exhiben los vecinos en una calle céntrica de La Habana, donde se reunían los sábados para ofrecer sus ofertas, un lugar al que los cubanos se refieren con ironía como "la bolsa de la vivienda".

Juan Carlos Tabío abordó el drama con humor en un clásico del cine cubano de los 80, Se permuta, una comedia en la que Rosita Fornés interpreta a una costurera que arma una cadena de permutas para poder cambiar de casa y alejar a su hija de un pretendiente, pero la cadena se rompe cuando uno de los eslabones se arrepiente: "Se jodió la cosa", lamentó la protagonista.

No existen cifras reales sobre el déficit de vivienda en la isla, pero algunas estadísticas apuntan a más de medio millón de unidades, sin contar las miles de casas y departamentos inhabitables por el mal estado en que se encuentran. "¿Usted viviría aquí?", preguntó el taxista a un turista al pasar frente a un edificio en ruinas del centro de La Habana.

La reforma anunciada por el gobierno de Castro, aprobada en el congreso del Partido Comunista de abril pasado, no sólo beneficiará a los cubanos residentes, sino también a los emigrados, quienes hasta ahora perdían sus viviendas al abandonar el país.

La nueva ley flexibilizará trámites y eliminará prohibiciones para facilitar la transmisión de la propiedad mediante la compraventa, permuta, donación o herencia del inmueble, aunque una persona no podrá ser propietaria de más de una vivienda.