La Comisión Europea (CE) estudia los retos de extender el registro antiterrorista de pasajeros aéreos a trenes, autobuses y embarcaciones, como quieren llevar a cabo Bélgica y los países de su entorno tras los últimos atentados. El debate está a flor de piel después que el autor del atentado en un mercado navideño en Berlín, Anis Amri, pasara en su huida tras el atentado en ferrocarril y autobús por Holanda, Bélgica y Francia hasta ser abatido a las afueras de Milán.

El registro de pasajeros aéreos (PNR), nacido en EEUU y la Unión Europea tras los atentados del 11 de septiembre de 2011, obliga a las compañías de aviación a compartir datos personales del pasaje con la policía en el marco de la lucha antiterrorista. Es útil para identificar a los combatientes extranjeros en las filas yihadistas y los ciudadanos europeos que viajan a países como Siria para radicalizarse y preparar atentados en la UE.

Bélgica y Holanda ya están en negociaciones con Alemania y Francia para ampliar el sistema PNR al transporte internacional por carretera, ferrocarril y mar. Si se aprueba, la ley obligará a las empresas de transporte aéreo, marítimo o terrestre a que comuniquen los datos de sus pasajeros, que se recopilarían en una base de datos del Ministerio del Interior belga y podrían ser analizados por los distintos cuerpos de Policía, los servicios de Inteligencia y los oficiales de Aduanas.

Aunque la directiva del PNR sólo afecta a la UE en cuanto al transporte aéreo, está previsto que los Estados miembros individualmente puedan extenderla a otros medios, si bien deben atenerse a la legislación comunitaria, que prevé algunas garantías de protección de datos y no discriminación en la directiva. De hecho el almacenamiento masivo de datos de pasajeros contó en su día con la reticencia de buena parte de grupos del Parlamento Europeo, aunque la Eurocámara retiró algunas de sus reticencias tras los atentados de París de noviembre de 2015.