Los representantes de la UE y del Reino Unido que negocian un compromiso financiero para el Brexit llegaron a un principio de acuerdo, según indicaron medios británicos y fuentes europeas.

The Telegraph aseguró, citando a fuentes de las negociaciones, que ambas partes sentaron las bases para un acuerdo y que, aunque no se estableció una suma exacta, se estima que estará entre 45.000 y 55.000 millones de euros, según los distintos métodos de cálculo que se utilicen.

El ministro británico para la ruptura es citado a declarar por posible desacato

Sin embargo, el principal negociador de la UE para el Brexit, Michel Barnier, señaló que los negociadores del Reino Unido y la UE aún no están "en ese punto". "Aún estamos trabajando", dijo.

De todos modos, fuentes de la UE señalaron que hubo avances en el tema de los compromisos financieros de Londres con el bloque.

"Estamos analizando cómo podemos progresar en base a las últimas dinámicas surgidas de las conversaciones", respondió el Ministerio del Brexit en Londres.

El líder del grupo Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (SPD) en el Parlamento Europeo, Jens Geier, confirmó que Londres al menos realizó una oferta y que ésta parecía "aceptable". El eurodiputado se remitió a fuentes de los laboristas británicos.

Según Geier, la oferta no contenía cifras, pero la UE nunca exigió que las tuviera. Lo importante es que confirme, entre otras cosas, que los pagos de pensiones a largo plazo de la UE se pagarán proporcionalmente, explicó.

Los políticos británicos reaccionaron con indignación. El ex líder del UKIP Nigel Farage escribió ayer en The Telegraph que la oferta refleja una "venta del Gobierno a la UE que unirá a los británicos en repulsa".

La laborista Chuka Umunna criticó que el ministro de Exteriores, Boris Johnson, y otros defensores del Brexit "nunca dijeron que habría que pagar una gran factura de divorcio, más bien lo contrario".

Por otro lado, el ministro del Brexit, David Davis, fue citado ayer a declarar ante la comisión parlamentaria dedicada a la salida del país de la UE por posible desacato. El Parlamento había exigido a Davis que publicara un informe sobre las consecuencias económicas del divorcio; sin embargo, éste sólo permitió el acceso de los diputados a algunas partes del documento por la "sensibilidad económica" de algunos fragmentos.