Rogelio Velasco

Profesor de Emprendimiento de la IE Business School

El tres de mayo del pasado año, miles de argentinos convocados por el sindicato peronista y el gobierno se concentraron en la famosa Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, sede de la presidencia argentina. El motivo de la concentración no era en este caso de carácter político. Los manifestantes portaban banderas con el lema: 'Soberanía verdadera significa recuperar lo que es nuestro'. El logotipo de la petrolera YPF aparecía debajo de la leyenda.

Los recursos del suelo y del subsuelo, junto con los servicios públicos esenciales -electricidad, telefonía, agua- son los más sensibles psicológicamente para los ciudadanos en cuanto a su propiedad por parte de inversores extranjeros. Después de diez años de control de la petrolera YPF, el gobierno de Cristina Fernández decidió la expropiación sin indemnización del 51% de las acciones propiedad de Repsol en YPF, no afectando al socio argentino, el grupo Petersen, al que Repsol había incorporado -concediéndole incluso un préstamo- como socio local para protegerse de acciones agresivas por parte del gobierno.

Repsol había pagado una década antes 15.000 millones de dólares por una participación del 80% en YPF. La situación de la compañía argentina era lamentable. Era la única petrolera del mundo que perdía dinero, la escasez de inversiones provocaba continuos problemas técnicos en las instalaciones, los gobernadores de las provincias en donde había explotaciones estaban más interesados en extraer recursos fiscales que en el buen funcionamiento de la empresa. La anticuada tecnología que utilizaba le impedía explotar adecuadamente los recursos.

La entrada de Repsol le dio a YPF un vuelco espectacular en cuanto a capacidades tecnológicas e ingeniería. Sin embargo, después de la toma de control empezaron los problemas. Guiados por el populismo autodestructivo que ha caracterizado a los gobiernos peronistas, la congelación de las tarifas de venta de gas y gasolinas provocó una reducción progresiva de los beneficios de Repsol YPF. La empresa disminuyó su nivel de inversión y, por tanto, la capacidad de incrementar la producción.

Paulatinamente, Argentina tuvo que empezar a importar gasolina del exterior para poder abastecer al mercado nacional. Se daba, pues, la paradoja de que los yacimientos locales no podían explotarse plenamente por falta de inversiones y el país necesitaba importar energía. La muy vulnerable situación financiera externa del país provocó la reacción expropiatoria del Gobierno y dio pié a una unánime reacción internacional, especialmente del gobierno español. No era la primera vez que Argentina incumplía condiciones básicas de respeto a las inversiones extranjeras. Son elocuentes las cifras del tribunal internacional encargado de dirimir las disputas entre empresas y países en temas relacionados con inversiones extranjeras -el Ciadi, dependiente del Banco Mundial. Hasta hace dos años, Argentina acumulaba el 25% de todas esas disputas a nivel mundial. La irrupción de Venezuela y Bolivia (con decenas de casos denunciados) ha reducido la cifra al 16% en este año.

La actuación perpetrada contra Repsol no es aislada. Empresas españolas y extranjeras han sufrido los incumplimientos de los acuerdos firmados para la prestación de servicios. Aunque haya habido algún caso en el que los servicios prestados por las empresas extranjeras no hayan cumplido con lo pactado, en general esas empresas han modernizado extraordinariamente todos los servicios públicos, que hace 20 años se encontraban en un estado sencillamente catastrófico.

La luz se cortaba casi a diario en Buenos Aires (por no hablar del resto del país), se tardaba tres años en conseguir una línea de teléfono en la capital, sólo dos millones de habitantes (de los 10 que tenía entonces Buenos Aires) accedían a agua corriente, los aeropuertos se caían a trozos. En fin, la línea aérea de bandera no había conocido ni un solo año de beneficios en toda su historia.

Telefónica, Endesa, Gas Natural y una larga lista de empresas españolas y de otros países han denunciado ante el Ciadi al Gobierno argentino por incumplimiento de los acuerdos firmados para la prestación de servicios. Las resoluciones del Ciadi, que tarda unos 10 años en resolver los asuntos, son básicamente inútiles para las empresas. Sólo queda plegarse y realizar intensas -y carísimas en dinero y tiempo-  gestiones de lobby para intentar reconducir las relaciones con el gobierno de turno.

Algunas no han podido resistir y se han marchado. Aguas de Barcelona y la francesa Suez optaron por devolver la concesión al Estado ante los graves incumplimientos del contrato, a pesar de la gran necesidad de sus servicios. En Buenos Aires, no llega al 50% los hogares que tienen alcantarillado, creando enormes problemas ambientales.

Las consecuencias de estas políticas en contra de las multinacionales son múltiples. Una de ellas es que la represión de la inflación que representa la congelación de tarifas está dando lugar a una asignación de recursos extraordinariamente ineficiente: los argentinos se han acostumbrado a llamar más por teléfono, a consumir más gasolina, más gas natural o a viajar más en avión de lo que la economía del país puede permitirles. Algún día estallará.

Y lo que es peor: han demostrado a lo largo de la historia que la gestión de los servicios esenciales por empresas públicas resulta operativamente catastrófica y financieramente ruinosa.