El Gobierno alemán acordó ayer reformar por el procedimiento de urgencia su legislación de asilo para afrontar la llegada masiva de refugiados mientras aumentan las críticas internas a la canciller, Angela Merkel, ante la situación de emergencia. "En septiembre se alcanzará un nuevo récord de llegadas para este año", dijo el ministro de Interior, Thomas de Maiziere, al anunciar el nuevo paquete de medidas aprobado ayer por el Consejo de Ministros.

Si la tendencia se mantiene, según el Gobierno, el año que viene puede alcanzarse de nuevo la cifra de 800.000 refugiados que se prevé que se registre este año. En las últimas tres semanas, pese a la introducción de controles fronterizos, han ingresado en Alemania alrededor de 230.000 peticionarios de asilo. Sólo a la ciudad de Passau, fronteriza con Austria, llegaron ayer 10.000.

La situación ha generado un reguero de críticas a Merkel, especialmente de parte de sus socios bávaros de la Unión Socialcristiana (CSU), pero también dentro de su propio partido, la Unión Cristianodemócrata (CDU).

Las reformas cumplen con algunas de las exigencias de los críticos al acelerar el proceso para el reconocimiento de asilo y reducir el número de posibles candidatos. Así, Albania, Kosovo y Montenegro pasan a ser países de origen "seguros", lo que deja a sus nacionales casi sin oportunidades reales de acogerse al asilo en Alemania. "Es una manera de decirles a los que quieran venir de esos países que no se pongan en camino, ya que tendrán que retornar a casa", dijo De Maiziere. Las tasas de aceptación de los demandantes de asilo de estos países estaba ya por debajo del 1%, según cifras de la Oficina Federal para la Migración y los Refugiados, ya que se estima que los motivos de su emigración son meramente económicos.

El paquete también contempla reducir al máximo el dinero en efectivo que se entrega a los peticionarios de asilo y aumentar todo lo que sea posible las ayudas en especie, en bienes concretos y servicios, medidas restrictivas cuestionadas por las ONG al considerar que suponen recortes de derechos fundamentales.

No obstante, los cambios se quedan cortos para los críticos más duros, sobre todo de Baviera y del este de Alemania, donde se ha llegado a plantear que no se esté obligado a pagar el salario mínimo a los refugiados que consigan un puesto de trabajo. Esta última petición fue rechazada ayer por la propia Merkel ante sus compañeros de escaño, durante la reunión del grupo parlamentario de la CDU celebrada en Berlín. El Gobierno justificó las reformas legales con la necesidad de centrar los esfuerzos en ayudar a aquellos que realmente tienen derecho al asilo y en acelerar su integración.

"Acelerar los procedimientos nos permite clarificar rápidamente la situación de quienes deben recibir derecho de asilo y facilitar su integración con clases de idiomas y con medidas para darles acceso al mercado laboral", subrayó el ministro del Interior. "A la vez, nos permite enviar de regreso a sus países a aquellos que no sean perseguidos políticos ni vengan de países en guerra civil", insistió. A nivel financiero, los cambios incluyen el pago, por mes y peticionario de asilo, de 670 euros del Gobierno central a los municipios que los atienden, para descargarlos parcialmente de sus actuales problemas presupuestarios. El Gobierno aspira a que el paquete entre en vigor en noviembre y lo envió al Legislativo por procedimiento urgente.