El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presentado el primer informe sobre delitos de seguridad vial y su incidencia en el ámbito penitenciario. Este documento refleja que hay 4.252 personas ingresadas en cárceles dependientes de la Administración General del Estado con algún tipo de delito relacionados con la seguridad vial. Esto es un 9 por ciento de la población penitenciaria.

De esos 4.252 presos, 1.159 tienen como delito principal el incumplimiento de normas relacionadas con la seguridad vial.

Según Marlaska, “el estudio nos devela que los delitos relacionados con la conducción de vehículos a motor llevan a prisión a un número cada vez más elevado de conductores. Tenemos que frenar esta tendencia, porque no debemos olvidar que, detrás de estas frías cifras hay personas con nombre y apellidos que en un momento dado incumplieron las normas y sufren las consecuencias ellos y sus familias”.

Un 97,3 por ciento de esas personas en prisión son hombres y un 2,7, mujeres. La radiografía del interno es un varón de nacionalidad española con unos 40 años, con condenas inferiores a tres años por conducir sin permiso o sin vigencia del mismo (54,4 por ciento), de forma temeraria (16,7 por ciento) y bajo la influencia de bebidas alcohólicas o análogas (16,7 por ciento). Además, de cada 10 personas son 9 las que tienen condenas inferiores a tres años, con una media de 1,8 años.

Las provincias de residencia del mayor número de condenados son Madrid, Málaga, Sevilla, A Coruña y Pontevedra.

Homicidios imprudentes

Uno de cada cinco homicidios imprudentes se produce con un vehículo a motor y el perfil del homicida imprudente en prisión es un hombre de entre 26 y 60 años, que es condenado a una media de 4 años y de nacionalidad española. Estos delitos se producen tanto en grandes zonas urbanas como en rurales, costeras o del interior de la península. De los 26 condenados por homicidio imprudente con vehículo a motor, dos de los infractores acumulan 6 y 7 condenas relacionadas con la seguridad vial. Únicamente dos de las 26 personas son mujeres. El ministro del Interior ha señalado que “quienes cometen infracciones que les conducen a prisión lo hacen porque incurren en un doble error”. “Por un lado, no perciben el riesgo de las imprudencias que cometen pese a que, como hemos visto, las consecuencias son gravísimas y muy costosas. Por otro lado, muestran una equivocada sensación de impunidad cuando, según nos muestran las estadísticas, el grado de represión de estas conductas lesivas es muy alto”.

En 2019 la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias gestionó la situación de alrededor de 30.000 personas condenadas por delitos contra la seguridad vial.

Tratamiento en centros penitenciarios El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha explicado que desde el 2010 está en marcha el programa de Universalización de la educación vial en los centros penitenciarios, cuyo objetivo es sensibilizar para cuando se ponen al volante. También facilita la preparación para la obtención del permiso de conducir, permisos profesionales o la recuperación de puntos. 1.675 internos e internas han sido aptos para sacarse el teórico del carné de conducir de los 2.501 que se han presentado en este periodo gracias a este programa. Con relación a los aptos del examen práctico, los datos se refieren al período 2010-2016. En ese periodo, 494 personas han conseguido el permiso de conducir.

El informe también analiza las penas alternativas al ingreso en la cárcel, como la realización de talleres o programas de reeducación conductual. También de tareas de utilidad pública para reparar el daño causado. En 2019 el número de mandamientos recibidos por los servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas ascendió a 80.935, de los que un 30 por ciento responden a delitos contra la seguridad vial (24.487). En cuanto a las tareas de utilidad pública, 10.683 personas realizaron trabajos en beneficio de la comunidad.